Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios Cohlers+Partners
En la importante crisis que enfrenta la industria de la construcción y el negocio inmobiliario, el Centro de Arbitraje y Mediación (CAM) de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), presentó (no hace mucho) su reporte anual 2023.
Este reporte resalta el ingresó de 514 arbitrajes al CAM, de ellos un 57% provienen de ambos rubros, sumando 294 procesos, 150 en el área inmobiliaria y 144 en el rubro constructivo, representando aumentos de 33% y 38%, respectivamente, comparados con el año 2022.
El conflicto siempre ha estado presente en materia inmobiliaria y de construcción, pero resulta relevante que en los últimos 10 años, el rubro inmobiliario pasó desde 47 a 150 litigios con un salto de 219%; mientras que la construcción, pasó de 70 a 144 procesos con un alza de 106%, y eso es un índice bastante peligroso.
Existen varios factores que pueden propiciar un aumento continuo de los arbitrajes en estos sectores, ya que los proyectos son cada vez más complejos, no sólo desde el punto de vista regulatorio y su permisología asociada, sino que también implican cada vez más partes intervinientes y plazos más ajustados.
A lo anterior, si le sumamos el uso de contratos estandarizados, que pueden generar ambigüedades o interpretaciones diferentes, o que no recogen correctamente la naturaleza y los riesgos del proyecto, facilita también la posibilidad de un conflicto.
Sin embargo, esta alza no será un problema si se toman a tiempo ciertas soluciones para que esto no siga incrementándose, pues hay muchas medidas públicas y privadas que podrían tener como consecuencia una baja en las tasas de litigación, dado que los agentes económicos son cada vez más conscientes de las ventajas de resolver anticipada o tempranamente sus diferencias, sin paralizar necesariamente la ejecución del contrato.
En ese sentido, los dispute boards, pueden ser una alternativa deseable y eficaz, puesto que constituyen un panel independiente de expertos y normalmente constituido desde el inicio del contrato, quien a través de recomendaciones o decisiones vinculantes, apoya a las partes en resolver sus diferencias cuando estas se producen.
