El concepto de expropiación es complejo desde cualquiera de sus perspectivas, ya sea por la carga ideológica o por las consecuencias en términos económicos, político y contextual que encierra. Por lo que surgen a partir de algunos hechos, variantes respecto a si estos procesos cumplen, o no, las garantías que debería entregar legalmente el Estado ante las emergencias habitacionales.

La expropiación estatal en el contexto de la emergencia habitacional en Chile, ha sido y sigue siendo un tema de debate y controversia. La situación habitacional en el país ha alcanzado niveles críticos, con un alto déficit de viviendas y un aumento de la precariedad habitacional que sigue aumentando. Este panorama ha llevado al Gobierno a considerar medidas drásticas donde incluye la expropiación, como una forma de abordar la crisis. Sin embargo, no se vislumbra si responde a una improvisación o una necesidad con énfasis en la reparación.

¿”En tiempos desesperados se requieren medidas desesperadas”? Si bien es cierto que en la pandemia de COVID-19 sumado  a al aumento exponencial de inmigrantes a nuestro país, se exacerbaron los problemas preexistentes como la falta de acceso a viviendas dignas y asequibles, la rápida respuesta del Gobierno puede ser interpretada como una improvisación, impulsada por la urgencia de la situación, pero ¿es efectiva?.

Falta planeación. El aparato judicial no se acompaña de una normativa adyacente para proceder y ordenar el proceso para saber cuándo, dónde y en qué condiciones los desalojados serán reubicados. En términos de políticas a largo plazo, muchos críticos argumentan que la expropiación puede ser una medida reactiva en lugar de parte de una estrategia bien planificada, para resolver problemas estructurales en el mercado habitacional.

Hay quiénes sugieren que en lugar de recurrir a la expropiación, deberían explorarse otras soluciones más sostenibles, como incentivos para la construcción de viviendas, subsidios para arrendatarios o programas de renovación urbana, dado que las implicaciones de la expropiación son multidimensionales.

Genera tensiones sociales, ya que puede afectar a propietarios y entidades que invirtieron en propiedades, sumado a la percepción pública sobre la justicia y la equidad del proceso es fundamental; las expropiaciones en Chile están regidas por un marco legal que busca proteger los derechos de los propietarios, lo que puede complicar la implementación de estas políticas en tiempos de emergencia; y la efectividad para resolver la crisis habitacional es cuestionable, puesto que es necesario evaluar si estas acciones realmente conducen a una solución duradera o si simplemente son parches temporales.

En definitiva, la expropiación estatal puede ser vista como una medida de emergencia ante la crisis habitacional en Chile, pero su implementación y efectividad son objeto de debate. Lo que está claro es que el país enfrenta un desafío significativo en términos de vivienda y que se requiere un enfoque integral y de largo plazo, que considere tanto la urgencia de la situación actual como las necesidades futuras de la población. La cooperación entre el Gobierno, la sociedad civil y el sector privado es clave para desarrollar soluciones que vayan más allá de la simple improvisación.