Las conclusiones de esta fiscalización llevaron a la Subsecretaría de Justicia a solicitar la disolución judicial de la Fundación Democracia Viva, en conformidad con el artículo 559, letra c), numerales 1 y 2 del Código Civil.
Por: Renato Herrera Lagos
El Departamento de Personas Jurídicas de esta secretaría de Estado inició un procedimiento de fiscalización el 22 de junio de 2023, tras las denuncias de eventuales irregularidades en la celebración de convenios entre la Entidad y la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de la Región de Antofagasta.
El Ministerio de Justicia solicitó al Consejo de Defensa del Estado (CDE) recurrir ante los tribunales para pedir la disolución de la Fundación Democracia Viva, la corporación con la que la Seremi de Vivienda de la región de Antofagasta efectuó diversos contratos irregulares destapando el Caso Convenios.
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Cabe mencionar que, durante una investigación, se recopilaron datos y antecedentes de diversas instituciones, incluyendo el Servicio de Registro Civil e Identificación y la Ilustre Municipalidad de Ñuñoa.
Las conclusiones de esta fiscalización llevaron a la Subsecretaría de Justicia a solicitar la disolución judicial de la Fundación Democracia Viva, en conformidad con el artículo 559, letra c), numerales 1 y 2 del Código Civil.
Estas graves infracciones incluyeron el incumplimiento de estatutos, el objeto social y la gestión del patrimonio fundacional, lo que desvirtuó los fines originales de la fundación y persiguió objetivos diferentes a los establecidos en su objeto.
Tras esto, la subsecretaría de Justicia ha tomado esta medida en aras de garantizar la transparencia y legalidad en las actividades de las fundaciones y entidades sin fines de lucro en el país.
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En tanto, desde el Ministerio de Justicia señalaron que, “se detectaron diversas faltas de carácter estatutario y legal, cometidas por el directorio de la fundación lo que hace necesario poner término a sus actividades y disolver su personalidad jurídica”.
Además, enfatizaron en que durante el procedimiento “se detectaron irregularidades en los estatutos de la fundación, en el cumplimiento en el objeto social y en la administración del patrimonio fundacional en relación con el Código Civil, y en convenios celebrados con la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda de la Región de Antofagasta”.
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Para finalizar agregaron que, “en particular el incumplimiento de sus estatutos, su objeto y patrimonio social, desnaturaliza los fines propios de la fundación, persiguiendo otros distintos a los consagrados en su objeto y a los propios de las entidades sin fines de lucro”, complementaron.
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