La iniciativa, que ahora pasará a segundo trámite legislativo en el Senado, pretende aliviar la carga económica de personas mayores y familias vulnerables que, por desconocimiento o falta de notificación, han acumulado deudas incobrables con sus municipios.
Por Leonardo Núñez
Con una votación unánime de 127 diputados, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó —en general y en particular— el proyecto de ley que establece que las deudas por derechos de aseo domiciliario se extinguirán automáticamente tres años después de haber sido exigidas.
Se trata de una medida que busca poner fin a lo que muchos vecinos califican como un verdadero “bolsillo sin fondo”.
La iniciativa, que ahora pasará a segundo trámite legislativo en el Senado, pretende aliviar la carga económica de personas mayores y familias vulnerables que, por desconocimiento o falta de notificación, han acumulado deudas incobrables con sus municipios.
“Es una propuesta justa, urgente y necesaria. Viene a dar un respiro a quienes más lo necesitan”, argumentaron los parlamentarios durante el debate. En particular, se destacó cómo esta medida beneficiará a adultos mayores que muchas veces se enfrentan a notificaciones de cobro por servicios que no sabían que debían.
A pesar del apoyo transversal, surgieron observaciones durante la sesión. Algunos diputados plantearon la necesidad de distinguir entre viviendas particulares y locales comerciales, advirtiendo que sin esta diferenciación, grandes establecimientos podrían aprovecharse de la norma para eludir sus obligaciones.
Asimismo, se discutió si esta iniciativa requeriría patrocinio del Ejecutivo, ya que podría tener impacto en la administración financiera municipal.
Por otro lado, desde la misma Cámara se llamó a que este proyecto sirva como punto de partida para un debate más profundo sobre la gestión de residuos. Algunos legisladores instaron a los municipios a avanzar en políticas de reciclaje y compostaje, como parte de un nuevo enfoque hacia una gestión de residuos más moderna y sustentable.
La propuesta, impulsada por el diputado Fernando Bórquez y otros diez parlamentarios, modifica el decreto ley 3.063 de 1979 sobre rentas municipales. El cambio establece que, una vez transcurridos tres años desde que se hizo exigible la obligación de pagar derechos de aseo, la deuda prescribirá de manera automática y sin necesidad de trámite por parte del contribuyente.
Hasta ahora, los municipios no tenían atribuciones legales para declarar de oficio la prescripción de estas deudas, lo que dejaba sin solución a vecinos dispuestos a regularizar su situación, pero atrapados por trabas legales.
Con esta nueva norma en camino, se busca eliminar la desigualdad que se genera cuando algunas municipalidades eximen del cobro y otras no, dejando el alivio económico a merced de criterios dispares según la comuna.
¿Y ahora? A esperar el trámite en el Senado y, de ser aprobado, celebrar que al menos en materia de basura, la deuda no será para siempre.
