Los cortes de luz a nivel nacional significativos, expusieron problemas de planificación interurbana y la obsolescencia de su sistema energético. Durante la jornada que duró en promedio seis horas para restituir el servicio en diversas regiones del país, experimentaron apagones que afectaron tanto a zonas urbanas como rurales, generando un gran malestar en la población y estableciendo dudas sobre la gestión y planificación.

Uno de los factores claves que contribuyeron a esta situación fue la falta de inversión en infraestructura energética adecuada. A pesar del crecimiento poblacional y el aumento en la demanda de energía, muchas de las redes de distribución eran obsoletas y no estaban preparadas para soportar la carga adicional.

La planificación interurbana también dejó mucho que desear. En muchas áreas, el desarrollo urbano no se alinea con las capacidades de la infraestructura energética existente. Nuevos barrios y poblaciones surgieron sin una adecuada evaluación del impacto que tendrían sobre el sistema eléctrico, lo cual mostró la falta de coordinación entre distintas autoridades y organismos encargados de la planificación urbana y energética.

La situación llevó a un debate nacional sobre la necesidad de reformar el sistema energético, incluyendo la diversificación de las fuentes de energía, la modernización de las redes eléctricas y una mejor planificación interurbana que considere el crecimiento poblacional y el desarrollo sostenible.

La crisis reveló no solo la fragilidad del sistema actual, sino también la urgencia de adoptar un enfoque más integrado y proactivo para garantizar la estabilidad y continuidad del suministro eléctrico en el futuro. Hoy sabemos que la responsabilidad recae en las empresas eléctricas que no implementaron el Plan de Defensa contra Contingencias Extremas (PDCE), ordenado por el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), pero ¿quién manda a los privados?.