La iniciativa modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y busca destrabar las dificultades que enfrentan estas instalaciones para cumplir con las exigencias de edificación. Según los antecedentes expuestos durante el debate, el 86% de los cuarteles del país presenta condiciones regulares o malas.
Por Tomás Rodríguez Botto
Las exigencias urbanísticas y administrativas que regulan la construcción de inmuebles también representan un desafío para la infraestructura de Bomberos. Parte de sus cuarteles opera en edificaciones que no cuentan con todos los permisos o autorizaciones correspondientes, una situación que el Congreso busca abordar mediante cambios a la normativa vigente.
En ese contexto, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó por unanimidad,un proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC), con el propósito de facilitar la construcción de nuevas instalaciones de Bomberos de Chile y abrir un proceso para regularizar edificaciones existentes.
La propuesta obtuvo 142 votos favorables y contempla un régimen especial para las obras destinadas a las funciones institucionales de la entidad. Su alcance incluye cuarteles, centros y campos de entrenamiento, además de viviendas para cuarteleros.
Uno de los antecedentes que marcó la discusión parlamentaria fue el estado de la infraestructura de la institución. Durante el debate se expuso que el 86% de los cuarteles del país presenta condiciones regulares o malas y que un 20% funciona sin los permisos adecuados.
La iniciativa aborda tanto las futuras construcciones como los recintos que ya se encuentran levantados. Para las nuevas obras, establece un régimen permanente que busca facilitar su emplazamiento y ejecución, considerando las necesidades particulares de funcionamiento de los cuerpos de Bomberos y de su Junta Nacional.
En paralelo, incorpora un mecanismo transitorio para regularizar edificaciones preexistentes y obras iniciadas bajo la normativa anterior. La disposición considera un procedimiento de características similares al de las denominadas leyes del mono, que han permitido regularizar construcciones que no cuentan con todos sus antecedentes administrativos.
El proyecto también busca entregar mayor certeza jurídica respecto de la situación de estos inmuebles, sin eliminar las exigencias técnicas vinculadas a la seguridad, estabilidad de las estructuras y responsabilidad de los profesionales que intervienen en las obras.
