La renovación del contrato de operación del recinto penitenciario avanzará por una vía separada de las obras de ampliación, que contemplan cuatro módulos de alta y máxima seguridad y 600 nuevas plazas. El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, defendió que la infraestructura se construya fuera de las zonas urbanas.
Por Tomás Rodríguez Botto
La ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, en la comuna de Santiago, que contempla infraestructura destinada a personas vinculadas al crimen organizado, continuará paralizada mientras se mantengan los impedimentos judiciales que afectan su desarrollo. El Gobierno aclaró que la renovación de la concesión para operar el recinto corresponde a un proceso distinto de las obras de ampliación.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, señaló que el Ejecutivo no ha desistido de la iniciativa, pero que la medida precautoria vigente impide realizar trámites relacionados con su expansión. En paralelo, el Gobierno debe renovar la licitación para la operación del establecimiento, cuyo contrato tiene un plazo definido.
La situación mantiene abierto el debate sobre la ubicación del proyecto. La Municipalidad de Santiago ha cuestionado su desarrollo en el sector de Pedro Montt y ha recurrido a la vía judicial para impedir que avance en las condiciones planteadas.
El alcalde Mario Desbordes defendió la construcción de este tipo de infraestructura, aunque planteó que debe emplazarse fuera de las zonas pobladas.
“No es que nos opongamos a que se construyan más espacios para máxima peligrosidad o máxima seguridad, es que lo que estamos pidiendo es que no se le siga cargando la mano a las pobres vecinas y vecinos de esa zona que está completamente saturada. Estamos defendiendo vecinos que llevan décadas con promesas de compensaciones, con promesas de que iba a haber mitigación, y no hubo nada cuando se construyó Santiago 1”, afirmó la autoridad.
La ficha técnica de la Dirección General de Concesiones del Ministerio de Obras Públicas, publicada en diciembre de 2025, contempla una inversión oficial de US$175 millones y la incorporación de 600 plazas penitenciarias, distribuidas en tres módulos de alta seguridad y uno de máxima seguridad. El proyecto también incluye una nueva unidad de salud penal y dependencias administrativas para Gendarmería.
La intervención considera aproximadamente 28.000 m² adicionales a la superficie actual del establecimiento, que alcanza cerca de 64.000 m².
Según la ficha del MOP, Santiago 1 tiene una capacidad de diseño de 4.000 personas privadas de libertad. La ampliación busca aumentar esa capacidad en 600 plazas, mediante infraestructura orientada a reforzar la segmentación y seguridad dentro del recinto.
La iniciativa ha enfrentado cuestionamientos sobre su desarrollo y las modificaciones de planificación territorial necesarias para ejecutar las obras. En junio de 2026, una medida precautoria dictada por el 17.º Juzgado Civil de Santiago frenó los trámites vinculados a la ampliación. Ese mismo mes, la Contraloría General de la República representó el decreto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo relacionado con el proyecto.
El Gobierno ha sostenido que la ampliación no está descartada, pero su avance permanece condicionado por la situación judicial. Por su parte, Desbordes ha insistido en que una infraestructura penitenciaria de estas características debe emplazarse fuera de los radios urbanos y lejos de las zonas pobladas.
Por ahora, la renovación de la operación de Santiago 1 y la ampliación de su capacidad siguen caminos administrativos distintos. La eventual ejecución de las nuevas obras dependerá de la resolución de los impedimentos vigentes y de los pasos que adopten las autoridades.
