La estimación equivale a cerca del 2% del PIB y refleja la exposición económica del país frente a distintas amenazas. Naciones Unidas advierte que pese a los avances en construcción antisísmica, persiste el desafío de incorporar criterios de resiliencia en la planificación de infraestructura, las inversiones y la continuidad de los servicios esenciales.
Por Tomás Rodríguez Botto
Los desastres naturales representan un riesgo económico significativo para Chile. Las pérdidas anuales promedio esperadas por este tipo de eventos alcanzan aproximadamente US$5.400 millones, una cifra equivalente a cerca del 2% del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones de Naciones Unidas. El monto dimensiona el impacto potencial de las amenazas sobre la actividad económica y plantea la necesidad de revisar cómo el país incorpora estos factores en sus decisiones de inversión.
La discusión no se limita a la capacidad de respuesta frente a terremotos, inundaciones o sistemas frontales. También involucra la planificación de las ciudades, el diseño de las obras y la capacidad de la infraestructura para mantener su funcionamiento ante situaciones de emergencia.
Kamal Kishore, representante especial del secretario general de la ONU para la Reducción del Riesgo de Desastres, ha destacado a Chile como un referente internacional en seguridad sísmica, principalmente por el desarrollo de sus estándares de construcción. Sin embargo, advierte que ese nivel de preparación debe extenderse a otros ámbitos de la infraestructura.
“Dondequiera que voy en el mundo destaco a Chile como una buena práctica, particularmente en seguridad sísmica”, señaló Kishore, quien también planteó que la reducción del riesgo debe formar parte de las estrategias de desarrollo económico. “Si no reducen el riesgo, el crecimiento que están logrando no será sostenible”, advirtió.
Uno de los principales desafíos consiste en incorporar la evaluación de amenazas y vulnerabilidades desde las primeras etapas de cada proyecto, incluyendo su planificación y financiamiento. Esto supone considerar no solo los daños que podría sufrir una obra, sino también, las consecuencias que tendría la interrupción de servicios esenciales para las personas y las actividades productivas.
La recurrencia de las emergencias refuerza la necesidad de avanzar en esa dirección. Según antecedentes entregados por la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián, Chile ha enfrentado 18 sistemas frontales entre el invierno y la primavera de 2026. Además, durante 2025 registró un promedio de 3,5 eventos diarios.
La autoridad ha advertido que una parte importante de estas situaciones ocurre a escala local y afecta directamente a comunidades que deben enfrentar sus consecuencias, aunque no siempre se trate de emergencias con amplia cobertura pública. Por ello, considera necesario fortalecer la inversión en preparación y prevención.
“Hoy tenemos una oportunidad de que la recurrencia nos haga tomar una decisión de invertir en preparación, de invertir en resiliencia, y no gastar en respuesta”, sostuvo.
La continuidad operacional también ocupa un lugar central en este desafío. Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura (CPI), plantea que las obras deben contemplar mecanismos para anticipar amenazas, proteger sus instalaciones y recuperar sus operaciones en el menor tiempo posible.
En esa línea, destacó la experiencia de las concesiones de infraestructura, donde la definición de responsabilidades, los incentivos para mantener los servicios y la disponibilidad de recursos para la recuperación forman parte de las condiciones de operación.
Para Catalina Fortuño, directora ejecutiva del Instituto para la Resiliencia ante Desastres (Itrend), Chile dispone de conocimiento y capacidades para avanzar hacia una planificación que considere sistemáticamente estos factores. El desafío, sostiene, consiste en integrar esa experiencia en las decisiones de inversión, de manera que la reducción de pérdidas y la protección de las comunidades formen parte del desarrollo de nueva infraestructura.
La necesidad de incorporar estos criterios fue uno de los temas abordados en la cuarta edición de Chile Resiliente, iniciativa organizada por Itrend y la CPI.
