El reciente terremoto que sacudió a Venezuela no solo dejó un saldo de víctimas y daños materiales. También volvió a instalar el debate sobre la seguridad estructural de la Gran Misión Vivienda Venezuela, el mayor programa habitacional impulsado por el chavismo, cuyas edificaciones habían sido objeto de advertencias por su posible vulnerabilidad ante eventos sísmicos.
Por Tomás Rodríguez Bott
El terremoto que afectó a Venezuela esta semana abrió un nuevo frente de preocupación más allá de la emergencia inmediata: la resistencia de miles de edificios construidos bajo la Gran Misión Vivienda Venezuela, el programa habitacional lanzado en 2011 por el entonces presidente Hugo Chávez y que, de acuerdo con cifras oficiales, supera los 5,5 millones de viviendas entregadas en todo el país.
Mientras avanzan las labores de evaluación de daños, parte de la atención se ha concentrado en conjuntos residenciales levantados por el Estado, algunos de los cuales registraron daños estructurales que reavivaron cuestionamientos que especialistas e investigaciones periodísticas habían planteado con anterioridad sobre los estándares constructivos del programa.
La Gran Misión Vivienda Venezuela nació como uno de los proyectos emblemáticos de la revolución bolivariana, con el objetivo de reducir el déficit habitacional y facilitar el acceso a la vivienda para familias de menores ingresos. Desde su creación, el gobierno ha defendido la iniciativa como uno de los mayores planes de construcción de viviendas sociales de América Latina, destacando no solo el volumen de unidades construidas, sino también la calidad de las obras y su aporte al desarrollo urbano.
En este escenario, una investigación publicada recientemente por The New York Times volvió a poner el foco sobre el desarrollo de algunos complejos habitacionales, particularmente en el estado de La Guaira, una de las zonas afectadas por el terremoto. El reportaje recoge antecedentes y opiniones de expertos en ingeniería y construcción que desde hace años han expresado inquietudes respecto a las condiciones del terreno donde se levantaron ciertos edificios, la calidad de los materiales utilizados y la solidez de su diseño estructural.
La investigación también plantea que parte de estos proyectos comenzó a desarrollarse en 2011, en un contexto de alta presión política previo a elecciones nacionales y que las obras avanzaron con rapidez. Según el reportaje, la información técnica relativa a estudios geotécnicos, planos estructurales y criterios de diseño nunca estuvo ampliamente disponible para revisión pública, lo que ha dificultado que especialistas independientes puedan evaluar el comportamiento de las edificaciones.
Las dudas sobre la transparencia del programa no son nuevas. Ya en 2017, el entonces presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela, Enzo Betancourt, había cuestionado la escasa disponibilidad de antecedentes técnicos sobre las viviendas construidas por el Estado, advirtiendo que la información estructural de estos proyectos era prácticamente inaccesible para los profesionales del sector. A raíz del terremoto, esos cuestionamientos han vuelto a instalarse en el debate público mientras continúan las inspecciones de los edificios afectados.
