Por: Marcelo Hernández, director de Actualizatureglamento.cl.
El tiempo corre y muchas comunidades aún no han iniciado el proceso de actualización de su reglamento de copropiedad para adecuarlo a la Ley 21.442. La fecha límite es el 9 de enero de 2026, pero lo que pocos saben es que el procedimiento no es inmediato y puede tardar hasta seis meses o más. Esperar hasta el último momento sólo aumentará la incertidumbre y la presión sobre los comité de administración que son quienes deben liderar este proceso.
Actualizar el reglamento no es un simple trámite administrativo, es la base que define los derechos y deberes de copropietarios, inquilinos y administradores, alineando las normativas internas con las exigencias actuales de la nueva ley 21.442. Sin esta actualización, las comunidades podrían enfrentar vacíos normativos, conflictos entre vecinos y desorden administrativo, afectando la calidad de vida de quienes habitan los edificios y condominios.
El proceso de actualización implica diversas etapas: la redacción del nuevo reglamento, su revisión por la comunidad, la aprobación en asamblea o consulta escrita, su reducción a escritura pública y, finalmente, la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces (CBR). No es un procedimiento que pueda resolverse de un día para otro, y dejarlo para el último momento puede generar errores y complicaciones legales.
Esta actualización obligatoria es también una gran oportunidad para revisar y acordar normas claras y actualizadas, que permitan una gestión más eficiente y ordenada de acuerdo a las características propias de cada comunidad, fortaleciendo la convivencia y el sentido de pertenencia. Aquellas que ya han hecho este proceso han podido incorporar aspectos claves, como nuevas reglas de convivencia, regulación del uso de espacios comunes, criterios sobre ruidos molestos, etc., todos elementos fundamentales para una sana vida en copropiedad.
Está comprobado que las comunidades que toman la iniciativa con tiempo, logran una transición sin sobresaltos con la participación de todos los copropietarios. Contar con asesoría especializada marca la diferencia entre una actualización bien hecha y una que puede generar más problemas que soluciones.
El plazo está fijado y no hay prórrogas en el horizonte. Es momento de actuar con visión y responsabilidad para que las comunidades lleguen a la fecha límite con su reglamento en regla. La inacción solo traerá consecuencias que, a futuro, podrían ser mucho más complejas de resolver.
