Recientemente el Congreso Nacional aprobó la Ley Miscelánea que modifica diversos cuerpos normativos, con el objeto de destrabar nudos críticos para el avance del Plan de Emergencia Habitacional que impulsa el Gobierno del presidente Gabriel Boric,
Por: Renato Herrera Lagos
La reciente aprobación de la Ley Miscelánea contiene medidas muy necesarias, que permitirán apurar y destrabar a trancos, con la finalidad de alcanzar la meta de entregar 260 mil viviendas. Para Enrique Matuschka, coordinador urbano habitacional de Déficit Cero, la connotación más relevante de esta modificación dice relación con que “modifica distintos cuerpos normativos, desarrollando un conjunto de normas que permiten cumplir los objetivos planteados en el Plan de Emergencia Habitacional proveniente de la ley 21.450 en el periodo previsto por dicha ley”.
Entre los diversos puntos a considerar los más destacados se relacionan con la exención de impuestos, del trámite de insinuación para que empresas que donan terrenos para el desarrollo de proyectos en el marco del Programa de Vivienda para Organizaciones de Trabajadoras/es.
Respecto a dicha exención de impuestos, Enrique Matuschka, estima que “dentro del Plan de Emergencia Habitacional, se orientan distintas líneas programáticas y tal como se explica en dicho plan, se creará un programa orientado a que trabajadores y trabajadoras junto con su empresa desarrollen un proyecto habitacional. Para ello, la empresa donará el terreno destinado a la construcción de viviendas junto con financiar el desarrollo técnico de dicho proyecto”.
“Para impulsar este programa, esta ley propone facilitar la donación de terrenos eliminando requisitos legales para dicho acto, eximiéndose de impuestos y considerándolo como gasto necesario para producir renta” afirma el urbanista.
Dentro de los cambios, también destaca la simplificación del trámite de donación de terreno entre familiares para impulsar proyectos de Pequeños Condominios, además de permitir a las direcciones de obras municipales (DOM) para otorgar facilidades para el pago de derechos por permisos de subdivisión, fusión, edificación y urbanización.
Asimismo, la extensión transitoria del crédito especial de IVA para empresas constructoras, que permite aprobar permisos de edificación con Informe de Mitigación Vial ingresado y postergar la entrada en vigencia del requisito de disponer 1 estacionamiento por cada vivienda, incluido en la Ley de Copropiedad.
Y sumado a todo, amplía habilitación normativa incorporada en la Ley de Integración, para todo proyecto de Viviendas de Interés Público, lo que permite al Minvu dictar normas técnicas para la producción de viviendas industrializadas en aquellos aspectos no normados.
También habilita a revisores independientes de cálculo estructural y de obras de edificación, para certificar proyectos en relación al estándar técnico que establezcan los programas habitacionales del Minvu, con el fin de admitir la garantía de urbanización por carta de resguardo del Serviu de proyectos habitacionales del Plan de Emergencia Habitacional.
“Esta normativa modifica 9 cuerpos legales, entre ellos, dos cuerpos recientemente aprobados. En primer lugar, modifica la Ley de Integración Social y Urbana que crea el Plan de Emergencia Habitacional, el cual mandata a esta administración a desarrollar 260.000 viviendas construidas bajo la presente administración y, en segundo lugar; la reciente ley modificada de Copropiedad inmobiliaria en su artículo 60”, señala Matuschka.
De los aspectos de mayor relevancia, cabe destacar que las Direcciones de Obras municipales podrán otorgar los Permisos de edificación con el solo mérito de la admisibilidad de ingreso del informe de mitigación de impacto vial (IMIV) y no esperar su total tramitación y aprobación, las cuales serán exigibles al momento de la recepción definitiva o parcial de las obras de edificación.
En cuanto a la materia tributaria, son los cambios de gradualidad de la eliminación del beneficio llamado “Crédito Especial de Empresas Constructoras” (CEEC), que permitirá la extensión de plazos para acogerse a la franquicia tributaria para la aplicación del 100%. Los proyectos podrán acceder a un 50% del CEEC los años 2023 y 2024, ya que finalmente se extiende el plazo de vigencia con un beneficio del 25% hasta el 01 de enero de 2027.
Por último, se destaca la facilitación de tramitación de permisos, normas y recursos a favor del Plan de Emergencia Habitacional, ampliando las herramientas con las que contará el Estado para la adquisición y habilitación normativa de suelos, para todos los proyectos de vivienda de interés público.
“A casi un año de la publicación de la Ley de Integración Social y Urbana que crea el Plan de Emergencia Habitacional, y con la incorporación de otras normativas aplicables a los procesos de construcción en general, tales como la ley de aporte al espacio público y la entrada en vigencia de los IMIV, entre otras, se destaca la rápida actualización que ha aprobado el senado para entregar más herramientas al Estado, para cumplir con dichas metas y tener más opciones y procesos más eficiente para ello, junto con modificar y ajustar recientes cuerpos legales que han entrado en vigencia”, advierte Matuschka.
Para Ignacio Aravena, investigador de Fundación Piensa y Máster en Planificación Urbana, esta ley se debe dividir en dos grandes tópicos. El primero se relaciona con “lo oportuno de las medidas y si éstas atacan o no los problemas estructurales de la vivienda social. Hacen bien en temas administrativos que asocian problemas de plazos y gestión (la connotación que preguntas), pero la principal restricción está en los costos y la escasez de suelo. Finalmente, en línea con lo anterior, el CEEC y los estacionamientos son temas claves”.
Lo segundo es que “hay un tema más profundo y es que estamos avanzando en el (PEH), pero este no tiene una lógica clara más allá de querer construir 260 mil viviendas. El avance ha sido lento y existen una serie de paquetes que no creo que tengan mucho impacto: ¿Qué está siendo usado realmente? un ejemplo, la iniciativa del programa de vivienda para trabajadores; ¿Cuántas empresas realmente donaron terrenos (que se aprecian en el tiempo), para dar casa a trabajadores que son móviles?”.
“Hemos visto que la vivienda industrial ha tenido acogida en el tema de los incendios, pero ¿cuánto proyecto inmobiliario lo está considerando?. Ahí está el volumen de construcciones. La donación de terrenos para microrradición suena bien, pero usualmente el problema de este programa está en que la normativa no ayuda (estacionamientos, alturas, etc). Seguir pensando que hablar del déficit sólo en clave casas es erróneo”, concluye Aravena.
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