Hacienda, el Banco Central y la CMF se opusieron a la iniciativa de diputados oficialistas y señalaron que una medida de esta naturaleza podría provocar incertidumbre en el mercado y el encarecimiento de los créditos hipotecarios.
Por Leonardo Núñez
“Por las razones señaladas, y por los argumentos que expondrá oportunamente el señor diputado informante, la Comisión de Economía, Fomento, Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Protección de los Consumidores y Turismo recomienda rechazar el articulado de las mociones refundidas”.
El texto es un extracto del informe legislativo sobre el rechazo de la instancia parlamentaria a todo el articulado del proyecto refundido que buscaba eliminar la Unidad de Fomento (UF) como forma de cobro, entre otros servicios, los créditos hipotecarios y arriendos.
A lo anterior se llegó luego de dos sesiones de la instancia parlamentaria, a las que acudieron entre otros, el ex ministro de Hacienda Mario Marcel, la presidenta del Banco Central Rossana Costa y la representante de la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) Bernardita Piedrabuena, quienes entregaron sus argumentos con los cuales se opusieron a la iniciativa de diputados oficialistas y señalaron que una medida de esta naturaleza podría provocar incertidumbre en el mercado y el encarecimiento de los créditos hipotecarios.
En las sesiones, el ministro Marcel argumentó que la UF había sido creada en los años sesenta con el propósito de desarrollar el crédito hipotecario y el mercado de capitales, evitando la dolarización que afectó a otras economías.
Gracias a la UF, sostuvo, “fue posible ofrecer créditos a largo plazo, fomentar el ahorro y desarrollar el mercado de bonos”.
También comparó el mercado de crédito hipotecario chileno con otros países de América Latina, destacando su mayor profundidad y atribuyéndolo a la existencia de la UF. Recordó que antes de la creación de esta unidad, los créditos hipotecarios eran entregados exclusivamente por cajas de previsión, y el acceso estaba restringido.
Además, advirtió que la eventual eliminación o prohibición del uso de la UF debía considerar las consecuencias en los mercados financieros y las alternativas que adoptarían los actores económicos para resguardarse frente a la inflación. Indicó que, en caso de prohibirse el uso de la UF, los agentes económicos podrían trasladar el riesgo inflacionario a los consumidores utilizando otros mecanismos de reajustabilidad.
Asimismo, recordó que en Chile existen arriendos que aún estando pactados en pesos, se reajustan según el IPC, ya sea mensualmente, trimestralmente, semestralmente o anualmente. Indicó que el uso de la UF se intensificó después de la pandemia, debido al alza de la inflación registrada en los años 2021 y 2022.
Por su parte, la presidenta del Banco Central, Rossana Costa, destacó que la UF es una unidad indexada al Índice de Precios al Consumidor (IPC), diseñada para reflejar automáticamente la evolución de la inflación.
Detalló que, en relación con los efectos macroeconómicos, la eliminación de la UF no tendría impacto en el control de la inflación ni en el costo de vida, ya que ambas variables se regulan a través de la política monetaria del Banco Central.
Sin embargo, sí podría generar distorsiones en los precios relativos, reducir la inclusión financiera y afectar la profundización del mercado de capitales, agregó.
En conclusión, Costa recalcó que la UF ha sido una herramienta fundamental para el desarrollo financiero del país, permitiendo el acceso a financiamiento de largo plazo y facilitando la gestión del riesgo inflacionario. Advirtió que su eliminación o restricción podría tener efectos negativos importantes, particularmente en contratos de larga duración. Por ello, recomendó que “el análisis legislativo considere las particularidades de cada mercado, sus implicancias técnicas y económicas, y la necesidad de mantener instrumentos que ofrezcan estabilidad y previsibilidad tanto para oferentes como para consumidores”.
En representación de la Comisión para el Mercado Financiero, CMF, la Comisionada, señora Bernardita Piedrabuena, quien aseveró que de los efectos esperados ante una eventual eliminación de la UF podría producirse: “Aumento de la incertidumbre para los oferentes de crédito; mayor propensión a buscar mecanismos alternativos de indexación, como la dolarización o el uso del IPC”.
A ello se suma “el aumento en las tasas de interés, acortamiento de los plazos de los créditos hipotecarios (por ejemplo, de 30 a 5 años). Disminución de la oferta de crédito hipotecario, afectando especialmente a los sectores medios y vulnerables. Desincentivo a la inversión en proyectos habitacionales, profundizando la escasez de oferta de viviendas en un contexto de altos costos de materiales, suelos y mano de obra”.
