En plenas fiestas de final de año, dos viviendas fueron demolidas por ser foco de delincuencia, de incivilidades, micro tráfico y prostitución, donde ocurrió un homicidio frustrado y un un hombre fue baleado en la entrada. Esto, hace pensar y recordar otras iniciativas similares como las ocurridas en la comuna de La Florida, donde dos años después de derribar denominadas narco viviendas, algunas fueron reconstruidas, pero otras aún están en condición de abandono.

Y es que demoler una construcción en pos de la seguridad tiene una serie de efectos, tanto positivos como negativos, que varían según el contexto específico que dependerá del tipo de construcción, ya sea por la razón de la demolición y/o por su ubicación, entre otros factores.

Se puede establecer como efectos positivos la evidente eliminación de riesgos inmediatos, como el objetivo principal, ya sea por peligro de colapso, incendio, contaminación o incivilidades como es el caso de las ya comentadas, o cualquier otro riesgo que la estructura representaba para la vida humana o la propiedad. Lo mismo pasa respecto a la prevención de daños futuros, puesto que se evita que la estructura cause daños mayores en caso de un evento catastrófico (terremoto, inundación, etc.).

Ahora, cuando hablamos de mejorar la seguridad pública, las áreas circundantes se vuelven más seguras si se elimina de cuajo un peligro potencial, gracias a que se vuelve más expedita la vía de emergencia y la visibilidad. La demolición permite la construcción de una nueva estructura que cumpla con los códigos de seguridad modernos y sea más resistente a los riesgos, así como el espacio liberado puede ser utilizado para otros propósitos, como la construcción de nuevas infraestructuras seguras o la creación de espacios verdes.

Empero ¿realmente estos terrenos se planifican para ocuparlos en pos de una mejora calidad de vida de su comunidad?. De cara a las problemáticas del Déficit habitacional que enfrentamos y que no hemos podido resolver, no podemos hacer vista gorda a los costos económicos asociados a estas prácticas. La demolición es un proceso costoso que implica la contratación de equipos especializados, gestión de residuos y posibles compensaciones a los propietarios o inquilinos afectados, por lo que es habitual que terminan siendo abandonados.

Ni hablar del impacto ambiental, ya que la demolición genera residuos de construcción y demolición (RCD) que pueden contaminar el suelo y el agua, si no se gestiona adecuadamente.  El polvo y el ruido también pueden afectar el medio ambiente y la salud de las personas cercanas, aunque es casi altruista medir el impacto ambiental cuando estamos hablando de la seguridad. Sin embargo, sigue siendo parte de los costos económicos asociados que luego nadie se hace cargo.

En resumen, la decisión de demoler una construcción por motivos de seguridad implica un análisis cuidadoso de los riesgos y beneficios, considerando los efectos positivos y negativos en la seguridad pública, el medio ambiente, la economía y la sociedad para que no sea una medida efectista ante la cuál ningún municipio pueda responder más tarde.

En definitiva, es crucial que este proceso se realice de manera responsable y con una planificación adecuada para minimizar los impactos negativos y que se sopese la capacidad de recuperar los territorios y volverles a dar vida, ya sea con viviendas o espacios verdes, con la dignidad que los barrios se merecen. No podemos seguir tomando el camino corto y generando soluciones parche.