Luego de un reportaje en TVN donde se daba cuenta del abuso en el mal uso de las casas fiscales, se pone en relieve, un tema que parece ser invisible y de impacto acotado. Sin embargo, no debemos olvidar de que hablamos de designaciones estatales que nos competen a todos.
Por lo mismo, analizar cuáles son los problemas en la administración de estos bienes públicos, es entender de qué manera se gestionan los inmuebles de la Nación con fines privados dentro de los territorios, desde su normativa legal, hasta los pormenores domésticos que estos puedan enfrentar.
Y es que las problemáticas dentro de la administración pública son diversas, pero algunos de los más comunes incluyen la falta de mantenimiento adecuado de las propiedades, la asignación inadecuada de recursos para su administración, la falta de control en el uso de los inmuebles y la poca transparencia en los procesos de arrendamiento o venta de las casas fiscales.
Estos errores pueden resultar en un deterioro de las propiedades, pérdida de ingresos para el Estado y, entre los más peligrosos, en casos de corrupción. Por lo que para evitar estos problemas, es fundamental implementar un adecuado sistema de gestión y control de las casas fiscales, así como mantener una política de transparencia en todos los procesos relacionados con su administración.
Para prever estas faltas, es fundamental confrontar los vacíos legales en la administración de casas fiscales para que las regulaciones sean claras y las normativas específicas. Hoy algunos ejemplos de estos posibles vacíos legales incluyen: ausencia de normativas para la adquisición y enajenación de casas fiscales, que puede generar la falta de regulaciones detalladas sobre cómo se deben adquirir y vender estas propiedades, lo que podría llevar a facilitar la corrupción o malas prácticas.
También se debe contemplar la falta de protocolos para el mantenimiento y la gestión de casas fiscales, puesto que puede no haber directrices claras sobre quién es responsable de mantener y administrar los inmuebles, lo que podría resultar en un deterioro de la propiedad y en un mal uso de los recursos.
Asimismo, es un problema no menor, la escasez de normativas respecto al uso permitido de las casas fiscales, lo que podría llevar a prácticas indebidas como la ocupación ilegal o el uso inapropiado de las propiedades, por personas que son ex funcionarios públicos y que no desalojan por voluntad propia, los inmuebles para ser restituido al servicio correspondiente.
Sin contar que los residentes pueden generar acumulación impaga de los arriendo, generando deudas incontables al fisco, cuando se trata de viviendas no obligatorias destinadas al servicio que pueden otorgarse a funcionarios y su familia, pagando una renta que se descuenta mensualmente y que equivalente al 10% del sueldo asignado al cargo.
Estos vacíos legales pueden generar confusión, conflicto y malos manejos en la administración de casas fiscales, lo que destaca la importancia de establecer regulaciones claras y detalladas para su gestión, tomando en consideración también el alto Deficit Habitacional, en el cuál estamos estancados y por el que no deberíamos equivocarnos en razón a la administración de recursos públicos.
