La misiva advierte que el veto “deja sin efecto la palabra empeñada por la Ministra del Interior y Seguridad Pública”.
Por: Equipo de Redacción
Tras conocerse el ingreso del veto presidencial a la Ley de Usurpaciones aprobada recientemente por el Congreso Nacional, la bancada de diputados de Renovación Nacional, encabezada por su jefe Frank Sauerbaum, y subjefa Marcia Raphael, junto al diputado Andrés Longton, presidente de la comisión de Seguridad, y a sus pares por la región de La Araucanía, Miguel Becker, Juan Carlos Beltrán, Jorge Rathgeb y Miguel Mellado, envió una carta al Presidente Gabriel Boric. En ella se le hace notar que la medida “socava” la agenda de seguridad y “contraviene la voluntad de una mayoría de los chilenos”.
En la misiva se le señala al gobernante que “resulta desconcertante la forma en que se gestó este veto y las presiones formuladas desde el Partido Comunista y el Frente Amplio, presiones a las cuales sucumbió S.E. y que persisten en socavar la agenda de seguridad y contravenir la voluntad de una mayoría de los chilenos que se vio claramente reflejada en el trámite legislativo del proyecto”.
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Los parlamentarios le recuerdan al Presidente Boric que el veto “deja sin efecto la palabra empeñada por la Ministra del Interior y Seguridad Pública (Carolina Tohá) en representación de Su Excelencia el día que, para salir del paso de las críticas frente al clamor de la ciudadanía por mayores medidas de seguridad, requirió el acuerdo del Congreso Nacional y suscribió un listado de proyectos priorizados que luego fuere conocido popularmente como Fast Track legislativo”.
También, junto a hacerle notar lo “cuestionable que es un veto desde la perspectiva del principio democrático”, se destaca que “concurrimos tanto parlamentarios como asesores de esta bancada de manera leal y sincera a su invitación, intentando buscar puntos de acuerdo que permitieran sacar adelante una iniciativa que fuera en beneficio de millones de chilenos que esperan una respuesta por parte del Parlamento”.
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Así mismo, se le hace ver que no acogió “los requerimientos formulados por la oposición”, y que finalmente se rindió “a las presiones de sectores minoritarios y que tradicionalmente han obstaculizado toda medida destinada hacia el frente de la delincuencia”. Se destaca en la misiva que “el Partido Comunista y el Frente Amplio parecen tener el control de la agenda gubernamental en desmedro de una gran mayoría de los chilenos que demanda de esta Administración algo más que acciones destinadas a administrar los conflictos políticos internos del oficialismo”.
Los parlamentarios le expresan a Gabriel Boric que esta situación les parece “preocupante” porque prefiere “pacificar su coalición que dar férrea respuesta a la delincuencia y sintonizar con la gran mayoría de los chilenos que esperaba con ansias la publicación de una ley en los términos que se despachó”.
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Y como si fuera esa vieja película de los años 70 llamada “Vicios privados, virtudes públicas”, se le expone que “hemos sido espectadores de una puesta en escena en la que por un lado el Presidente de la República y el oficialismo llamaban a acuerdos, y en privado se recriminaban a puertas cerradas en La Moneda por ceder frente a lo que parecen no entender, fue lo que había decidido democráticamente el Congreso en el marco del trámite legislativo”.
Se le reitera en la carta que el “veto es por cierto la herramienta más reñida con el principio democrático” y que las observaciones del Presidente “se refieren a aspectos de fondo o de mérito en las cuales se había impuesto originalmente una mayoría parlamentaria”.
La misiva hace notar que con la acción presidencial, “más allá de la molestia y de la ruptura de las confianzas, parece complejo visualizar cómo en el futuro el gobierno y la alianza oficialista buscarán dejar sin efecto la voluntad del Congreso Nacional mediante el ejercicio del veto, cuestión que de persistir y de hacerse costumbre terminará fracturando nuestro régimen democrático”.
Finalmente, se le exige a futuro “respetar la voluntad de la mayoría democráticamente manifestada en el Congreso Nacional y repudiamos el ejercicio abusivo y torcido que se ha hecho de herramientas institucionales”.
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