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4 octubre, 2026 /

Costa Rica: 152 mil viviendas presentan problemas y más de 232 mil personas viven en asentamientos informales

El informe Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2025, elaborado por la Universidad de Costa Rica, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos y Gestionando Hábitat, advierte que el déficit habitacional del país también está relacionado con el estado de las viviendas existentes y las condiciones de los territorios donde se ubican.

Por Tomás Rodríguez Botto

El problema habitacional de Costa Rica no se limita a la construcción de nuevas viviendas. El estado de las edificaciones existentes y la localización de miles de familias también forman parte de los principales desafíos que enfrenta el país, según el informe Balance y Tendencias del Sector Vivienda 2025, elaborado por el Programa de Posgrado en Arquitectura de la Universidad de Costa Rica (UCR), el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) y Gestionando Hábitat.

El estudio identifica 152.288 viviendas que presentan problemas que requieren atención, cifra equivalente al 8,1% de los hogares costarricenses. Entre las principales deficiencias aparecen problemas relacionados con techos, paredes y pisos, además de necesidades de reparación y ampliación.

El diagnóstico se amplía cuando se incorporan las viviendas clasificadas en condición regular. Bajo este criterio, el número llega a 754.510 viviendas, equivalente al 40,3% de los hogares del país. La UCR plantea que estas viviendas podrían deteriorarse si las deficiencias existentes no son atendidas oportunamente.

Ampliaciones y modificaciones de las viviendas

El informe también aborda las transformaciones que experimentan las viviendas de interés social después de su entrega. Según las auditorías realizadas por el CFIA, cerca del 40% de estas viviendas registró algún tipo de modificación, mientras que tres de cada cinco mantuvieron sus dimensiones originales.

Las intervenciones se concentran principalmente en espacios como cocinas, cuartos de pilas y corredores. El estudio advierte que parte de estas ampliaciones se realiza sin supervisión técnica. De hecho, una de cada cinco viviendas aumentó su superficie en más de 30 metros cuadrados, situación que puede generar problemas asociados a las cargas estructurales y las instalaciones eléctricas

572 asentamientos informales

El segundo componente del diagnóstico corresponde a los asentamientos informales. La actualización del Registro Nacional de Asentamientos Informales contabiliza 572 asentamientos, donde viven aproximadamente 232.600 personas en 70.692 viviendas.

Estas comunidades se distribuyen en 64 cantones y 164 distritos del país. Cerca de la mitad se encuentra en la Gran Área Metropolitana (GAM), mientras que el resto está distribuido en otras regiones.

Entre los territorios con mayor presencia de población en asentamientos informales aparece Río Azul, en La Unión, donde 9.132 personas viven en este tipo de comunidades, equivalente al 78,6% de los habitantes del distrito. Le siguen Tirrases, en Curridabat, con 68,1%; La Uruca, en San José, con 46,9%; Santa Elena, en La Cruz, con 36%; y San Felipe, en Alajuelita, con 34,5%.

El informe también establece que los asentamientos presentan diferencias importantes en tamaño. Casi la mitad tiene menos de 50 hogares y concentra cerca del 10% de la población registrada. En contraste, los asentamientos con más de 200 viviendas representan aproximadamente el 15% del total, pero reúnen cerca del 55% de los hogares y personas contabilizadas.

Un registro que incorpora cambios metodológicos

Las cifras actuales muestran un aumento respecto del registro anterior. En 2024 se contabilizaban 183.607 personas y 60.354 viviendas distribuidas en 576 asentamientos. La actualización eleva esas cifras a 232.600 personas y 70.692 viviendas, pese a que el número de asentamientos disminuyó a 572.

Sin embargo, el propio informe plantea cautela al comparar ambos registros. El aumento no puede atribuirse directamente a una expansión de los asentamientos informales, ya que también responde a cambios en las fuentes, delimitaciones y metodologías utilizadas para identificar y registrar estas comunidades. Los datos utilizados para la actualización consideran información del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (Mivah), con corte al 23 de julio de 2026.

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