Buscando suspender todos los procesos de certificación de proyectos para subdivisiones de predios rústicos, el Ministerio de Agricultura pretende ordenar la venta de este tipo de bienes, con la finalidad de regular el cambio de destino de esos lotes.
Por: Renato Herrera Lagos
El Ministerio de Agricultura ordenó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), suspender por tres años toda solicitud de certificación de proyectos de subdivisión de predios rústicos cuando se advierta que el proyecto como tal, pueda cambiar el tipo de suelo comercializable y junto a ello respetar la norma.
La resolución de la autoridad se justificó en el aumento de loteos y la necesidad de poner un límite a la “proliferación de proyectos con claros fines inmobiliarios en el área rural, al margen de la normativa”, sin embargo, la instrucción es tan amplia que causa múltiples dudas e inquietudes en los dueños de terrenos agrícolas, ya que se suma al proyecto de ley que pretende prohibir que los terrenos fuera de los límites urbanos, o de los planes reguladores intercomunales, puedan ser divididos libremente por sus propietarios en superficies menores a 5 hectáreas.
Desde el Movimiento Protege tu parcela, rechazaron la decisión de las autoridades de Gobierno, ya que si bien están de acuerdo con que debe existir una regulación clara que ponga fin de una vez a los loteos irregulares que han proliferado a lo largo del país, consideran que esta instrucción ataca los efectos y no las causas del problema.
“… es de público conocimiento el alza en los arriendos y de los precios de la venta de inmuebles. Por ejemplo, en la RM, durante el primer trimestre del año 2021, el valor promedio de un arriendo de un departamento estaba alrededor de $590 mil y durante el primer trimestre de 2022 este valor aumentó cerca de los $650 mil”, señaló el abogado Rodolfo Marín, vocero del movimiento.
Asimismo, el abogado y vocero de la agrupación señaló que es necesario buscar puntos en común, ya que – según sus declaraciones – “llama poderosamente la atención que esto ocurra mientras en el Senado, el proyecto que busca aumentar de 0.5 a 5 hectáreas el mínimo predial tiene un informe negativo previo a su votación en la sala”.
es una medida totalmente fuera del marco legal que restringe la posibilidad a muchas familias de adquirir una parcela de agrado fuera de los límites urbanos
Para Alexander Pacheco, director de Predios Sur AG, la decisión del Gobierno que “es una medida totalmente fuera del marco legal que restringe la posibilidad a muchas familias de adquirir una parcela de agrado fuera de los límites urbanos en donde podemos encontrar espacios más amplios, con mucha vegetación, fuera de la congestión vehicular, delincuencia y todos los efectos negativos de las ciudades que se encuentran colapsadas con déficit de viviendas y malas condiciones de calidad de vida. Creemos que toda persona debe tener esa posibilidad y no solo para un segmento ABC1 o de alto poder adquisitivo”.
La súbita expansión de loteos irregulares durante los confinamientos obligados por la pandemia ha causado la preocupación de la ciudadanía y también de expertos, que han afirmado que la congelación de las solicitudes de certificación por parte del SAG no resuelve el problema, ya que es fundamental contar con evidencia empírica para definir claramente el tamaño mínimo y adecuado de los lotes por cada región, por lo tanto, fijar un estándar nacional nuevamente pasa por alto la diversidad de nuestros territorios.
“Muchos de los proyectos son desarrollados en predios que si bien tienen la denominación de agrícola, no son aptos para la actividad, por tanto, se genera un valor agregado a la propiedad con las subdivisiones. En conclusión, estamos abierto a todo tipo de regulación que no limite o prohíba la actividad y que permita acceder a la clase media a precios atractivos y competitivos, no transformando las parcelas de agrado en un bien sólo para la élite del país”, comentan desde la nueva organización Predios Sur AG, que nació velando por el correcto manejo del negocio inmobiliario de parcelas.
Cabe señalar que las empresas inmobiliarias y organizaciones de empresarios buscan establecer una regulación que fiscalice la transgresión de las normas asociadas al medioambiente, al desarrollo y crecimiento sustentable de proyectos, además de trabajar con municipios o entes gubernamentales que permitan el desarrollo de este tipo de proyectos.
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