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Los dispositivos, que también bloquen la conexión a internet, ya están operativos en tres centros penitenciarios a modo de prueba. Experto sostiene que el presupuesto es clave para que esta tecnología no sea desperdiciada.

Por: Leonardo Núñez

Pese a la alta preocupación por las amenazas de motines y huelgas de hambre en rechazo a la medida, de manera silenciosa ya se encuentran en funcionamiento los primeros inhibidores de señales de celulares e internet al interior de tres cárceles en la Región Metropolitana.

Hace poco más de un mes, la tecnología se empezó a aplicar en los penales ubicados en la calle Pedro Montt, en Santiago: en la ex-Penitenciaría, en Santiago Uno y en el Recinto Especial Penitenciario de Alta Seguridad (REPAS).

De tecnología israelí, la inversión alcanzó los 10 mil millones de pesos. Junto con el bloqueo exterior, los dispositivos también permiten identificar el ingreso al recinto de un nuevo teléfono o un chip y los georreferencia. Los intentos previos en esa línea había fracasado ya que los aparatos instalados no eran precisos o perjudicaban las conexiones de los residentes vecinos a las cárceles.

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Ahora el sistema establecerá un perímetro específico en las zonas ocupadas por los reclusos, sin afectar a los funcionarios del área administrativa de Gendarmería ni a las viviendas cercanas, ya que identifica a los celulares ilegales, para lo cual se requiere un monitoreo permanente mediante un software que pesquisa los aparatos no autorizados. 

Benito Saravia, dirigente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), indicó que hace bastante tiempo que su agrupación estaba “pidiendo que se invierta en tecnología moderna para poder controlar el interior de los recintos y bloquear todo tipo de señal” con el exterior.

Las expectativas son altas. Se espera que la medida tenga un impacto en la seguridad de las ciudades al contribuir a detener los miles de delitos que se cometen desde el interior de los penales con ayuda de celulares. Uno de los últimos casos más recordados, ocurrió con el robo de computadores y una caja fuerte desde el Ministerio de Desarrollo Social, que se planificó y ejecutó en línea por un recluso de la Cárcel de Puente Alto.

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Héctor González, director de negocios de 8layer Latam, empresa que provee sistemas de seguridad electrónica y equipos de amplificación de señal, explicó a “El Diario Inmobiliario” que la tecnología hasta ahora ha funcionado bien. Pero que siempre será un problema la cobertura, que va de la mano del presupuesto.

“Haciendo una analogía, si tu pusieras parlantes en cada celda a un volumen moderado podrían escuchar todos los reclusos. Pero poner muchos parlantes es costoso. Por ende, ponen un gran parlante a alto volumen para tratar de llegar a más espacios, es lo que descontrola el sistema, porque la potencia se incrementa sin límites y ahí es donde se afecta el entorno. Tratar de hacer más con menos genera estos problemas. Por ello son clave las licitaciones que se viene para extender el bloqueo a todas las cárceles del país”.

Respecto de los delitos que se atacarán con los inhibidores, están las estafas telefónicas, las suplantaciones de personas y de empresas y los robos por encargo, el tráfico de drogas y las extorsiones a familiares de reclusos que se perpetran con el uso de teléfonos.

“Hay un sin fin de formas de delitos, sobre todo fraude electrónico y la estafa, como también el apoyo delincuencial con terceros que se coordina desde las cárceles. Todo esto se impediría si se aplica bien esta tecnología”, agrega González.

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En diciembre de 2023, Gendarmería cifró en 1.282 las bandas criminales que operan dentro de los penales. Éstas cuentan con 4 mil integrantes y 600 líderes. Sólo en 2023 se incautaron 26 mil dispositivos electrónicos al interior de los penales. En 2022, en tanto, la cifra superó los 30 mil, y el 2021, bordeó los 28 mil. Se espera que al final del actual gobierno, esta tecnología esté instalada en un 80% de las cárceles del país.

Esta tecnología también es utilizada con éxito en cárceles de Reino Unido y Estados Unidos, y en recintos de alta seguridad de Brasil, México y Colombia.

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