Urbanistas sostienen que se necesita una resolución y un plan para sacar a los vendedores ilegales de las calles de Santiago. Casos de éxito hay en Latinoamérica y medidas originales en diversas ciudades.
Por: Leonardo Núñez
Las imágenes se repiten a diario. Toldos azules, venta indiscriminada de productos a plena luz del día o la noche; con hechos delictuales y desorden, y veredas por donde no se puede transitar por la presencia de vendedores ambulantes que copan estos espacios.
El último estudio del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus) sólo vino a confirmar lo que para expertos urbanistas y simples peatones ya es una certeza: el 19% de las calles de la comuna de Santiago tiene comercio callejero. Lo cual, pese a distintas estrategias, no se ha podido erradicar.
¿La batalla está perdida? En ningún caso. Uno de los más críticos con el fenómeno ha sido Pablo Allard, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Ha señalado que no sólo se trata de aplicar mano dura para erradicar a los ambulantes. Sostiene que para ello es necesario resolución y generar un plan que permita conducir este comercio informal hacia zonas y áreas donde sí se pueda instalar.
Autoridades apuntan al crecimiento en el inicio de la Semana de la Construcción
Hay varios casos donde este tipo de estrategia se ha aplicado con éxito. Incluso en países de la región que son más pobres que Chile. El más recordado es el que idearon las autoridades a la capital de Ecuador, a fines de la década de los 90’.
La Municipalidad de Quito decidió afrontar con determinación el problema, pese al complejo sistema de vida de los ambulantes. Roque Sevilla, alcalde de ese momento, recordó recientemente que en Ecuador existe un desplazamiento de la población campesina (30% de los habitantes ecuatorianos) hacia la ciudad, en donde acceden a la venta ambulante como única forma de trabajo.
“Por esa razón, se deben buscar soluciones integrales que generen espacios, fuentes de empleo y permitan tener un mejor control. Cuando fui alcalde de Quito, logramos importantes acuerdos con las dirigencias, para formalizar a todos los vendedores. En este proceso, tuvimos 306 reuniones y se logró la construcción de 9 de los 11 Centros Comerciales Populares que existen en la capital, logrando retirar a 6.000 vendedores informales del Centro Histórico. Si ahora no se actúa pronto, podría perderse todo ese esfuerzo”, indicó en una columna frente a los reclamos de que el comercio ambulante ha vuelto a proliferar en el casco histórico de la ciudad.
La propuesta de Roque Sevilla hoy “es construir mercados barriales, cercanos a donde vive la gente y que se puedan distribuir los productos de manera ordenada. Con la generación de estas oportunidades, el control de la presencia de ventas en la calle debe ser drástico si se mantiene la situación”.
El caso de Nueva York y otras ideas originales
De paso por Chile hace tres años, Lorelei Salas, comisionada del Departamento de Asuntos de Protección al Consumidor y al Trabajador de Nueva York (EE.UU.), explicó las medidas con éxito que se adoptaron en la “Gran Manzana”. En su caso, se emitieron más permisos para que las personas puedan trabajar de manera regular y con ello ser fiscalizadas de mejor manera. Además, se crearon nuevas categorías de licencias para trabajar en la venta callejera, las que tienen en consideración los productos emergentes que se comercializan por esta vía. Ellas incluyen, por ejemplo, la comercialización de tickets para eventos y atracciones recreacionales.
Pero, a su vez, indicó que de nada sirve que se permita el acceso a estos permisos sin un aumento en la fiscalización, con el fin de proteger a los consumidores. También fue muy importante la reubicación de los ambulantes en lugares fijos, como mini-centros comerciales. Una de las locaciones elegidas fue bajo un puente, en una zona que conducía hacia el paradero de un tren. Era un lugar oscuro y vacío, foco de delincuencia. La nueva vida que se le imprimió permitió recuperar el espacio y disminuir los delitos.
Otra propuesta aplicada en Nueva York consistió en crear un equipo de trabajo unificado contra del comercio callejero. El trabajo de la policía para monitorear esta actividad estaba dividido en varios departamentos, lo que reducía su efectividad. Era urgente contar con personal especializado que centralizará la persecución y los datos. Con esa evidencia, además se pueden generar recomendaciones para proponer leyes. Otro elemento fue el empleo de tecnología, como el uso de GPS para verificar que quienes tienen una licencia realicen su actividad de ventas en los lugares permitidos para ello.
Informe revela buenos augurios en mercado de oficinas Clase A/A+
En Tailandia y la India también ha ideado estrategias, las que han sido recogidas por el World Resources Institute en un informe centrado en tres sectores del trabajo informal (trabajo en casa, venta ambulante y reciclaje). En el caso de Bangkok, la organización HomeNet convenció a los organismos gubernamentales para atender las necesidades de transporte de los trabajadores en la informalidad y reubicarlos en la periferia de la ciudad. Como resultado, se aprobó la puesta en marcha de autobuses adicionales desde la zona donde los destinaron para trasladarlos hacia un importante mercado. Con ello, se ha podido sacar a un gran número de vendedores de la calle
En Bhubaneshwar, India, en tanto, las autoridades municipales trabajaron con los vendedores ambulantes organizados para desarrollar un modelo inclusivo con el que se dedicaron 54 zonas de venta y, aproximadamente, 2 mil 600 kioscos para los vendedores. Con este acuerdo, se permitió que los habitantes sigan beneficiándose de las actividades de los vendedores ambulantes al mismo tiempo que éstos pueden operar en zonas designadas sin riesgo de sufrir acoso o confiscación de mercancías.
Son ideas que permiten formalizar a los informales, porque la simple fiscalización no va a resolver el problema, sostiene el arquitecto Santiago Orellana Etchegaray. En su tesis, el “Comercio informal y formas de regulación sociocultural del espacio público del barrio Estación Mapocho”, publicada el pasado mes de marzo, concluye que “los mecanismos actuales de regulación institucional que restringen el comercio, concibiéndolo como una práctica ilícita, no configuran una respuesta o solución a esta realidad”.
“Las políticas de regulación” que “se orientan en brindar permisos precarios y fiscalizar”, no son “una estrategia efectiva en el corto plazo, porque se ha demostrado que este fenómeno migra de espacio público a espacio público, incluso de comuna a comuna, o territorio donde sea posible establecerse, sobrevivir, resistir y generar un ingreso que permita vivir”.
“En entrevistas con actores de instituciones y comerciantes, existen demandas por un espacio público que considere estas prácticas, se retribuya con impuestos, y a la vez, permita formalizar en mayor medida estos grupos, considerando las grandes dificultades que pueda tener una persona perteneciente a estos conjuntos socioeconómicos en readaptarse a otra actividad”, añade Garay en su tesis (leer aquí: https://l1nq.com/OQ2Og).
