El debate se genera a través de la inclusión de la legítima defensa privilegiada de los propietarios y el concepto de flagrancia permanente.
Variadas miradas ha generado el proyecto de ley que sanciona las ocupaciones ilegales y que viene a normar las usurpaciones de terrenos, que además, considera nuevas normas e incorpora mecanismos de restitución. Aplicando penas privativas de libertad para el delito de usurpación, amplía el período de flagrancia y facilita la detención de los ocupantes.
Asimismo, permite tanto durante la investigación del delito como al presentarse demanda civil, la restitución anticipada del inmueble ocupado. Adicionalmente, autoriza la aplicación de técnicas especiales de investigación en la persecución de las usurpaciones.
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Asimismo se castigará con penas de presidio la celebración con engaño de compraventas o arrendamientos de sitio ocupado ilegalmente. Incorpora restricciones en las normas para regularizar la pequeña propiedad raíz, mientras exista juicio pendiente por usurpación.
Junto con ello, se modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para sancionar al ocupante ilegal que pretenda transferir el dominio de lotes de terrenos tomados.
El proyecto cuenta con un apoyo transversal por parte de la oposición, quienes destacan el derecho de los ciudadanos de poder defender lo propio, cuando el Estado ha fracasado. Además insistieron en la necesidad de implementar esta ley, sobre todo en la Araucanía.
Desde el Gobierno la ministra del interior, Carolina Tohá, señaló que este proyecto de ley “significa que un bien que está tomado, por ejemplo un mes, las personas pueden organizarse, formar un grupo, contratar a unos tipos que vayan a pelear cuerpo a cuerpo por el terreno usurpado. Eso el Gobierno de Chile no lo va a permitir”.
“Si no queremos hacer una embarrada monumental, tenemos que tratar de discutir un cambio en la ley que se haga cargo de esta complejidad. Tampoco el Ejecutivo va a permitir esto y no va a permitir que esta ley se ocupe para perseguir a pobladores que están en campamentos, que entendamos los efectos distintos que esto puede tener y que comprendamos que la ley como está no funciona”, agregó la ministra.
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