La CChC dijo que el 2023 estará marcado por dos momentos: estabilización y reactivación. Asimismo, se proponen ocho medidas para mejorar la labor entre la triada Estado, regulación y privados.
Por: Renato Herrera Lagos
Un nuevo estudio Mach 63, entregó la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), que percibió importantes cifras para el sector inmobiliario, como por ejemplo, que la inversión en construcción en 2023 experimentará una fuerte contracción.
Según la gremial de la industria las cifras serán completamente opuestas entre 2022 y 2023, ya que el año pasado se experimentó un alza del 1,6% versus el 6,3% que se proyecta para el año en curso. Es la primera caída desde 2020, cuando la cifra marcó un 8,8% de disminución debido a la pandemia y la paralización de las faenas.
Uno de los aspectos claves para la CChC de cara al 2023 se relacionan con lograr estabilización y reactivación. Así lo indicó el vicepresidente de dicha asociación gremial, Alfredo Echavarría, quién señaló que este año tendrá dos momentos: el primero será la estabilización, que dado “el contexto general en el que estamos, con una recesión, pueden seguir necesitando medidas extraordinarias en apoyo de personas y empresas”; y el segundo, es la reactivación, que luego de ser “superada la parte más dura de la recesión, se debiera iniciar un paulatino proceso de mejoría de la economía, actividad y empleo”.
En ese contexto, Claudio Duce, docente Unegocios FEN de la Universidad de Chile, concuerda con las proyecciones que hace la CChC, señalando que “efectivamente al encontrarse el país en recesión, la contracción económica frena mucho los distintos sectores y, en el caso particular de la construcción, se ve un freno importante que ya venía desde la pandemia por distintos factores. Dentro de ellos, la importante escasez y alza de materiales que o disminuyó los márgenes de las empresas, o simplemente llevaron esta alza a precio teniendo un efecto importante de la demanda”.
Respecto a los requisitos sectoriales, el vicepresidente de la gremial comentó que pretenden trabajar sobre la necesidad de completar el proceso de mitigación del impacto en el precio de los materiales, eliminar nudos críticos que afecten el desarrollo de proyectos en ejecución, trabajar sobre los casos de inversiones detenidas y asegurar licitaciones de obras y buena gestión del presupuesto público.
“Para que todo esto ocurra se necesita colaboración público-privada y también entre los distintos actores del mundo privado, como el sector financiero”, sostuvo Echavarría.
“Otra condición que hace que este sector se vea afectado es la inflación ( incluyendo la importada) y también el alza de tasas de créditos hipotecarios que hace que las personas tengan menor acceso al crédito y vean disminuido su poder adquisitivo. También muchos bancos han subido los requisitos para prestar dinero (mayor monto de pie, rentas más altas y otros requisito que bajen el riesgo) A medida que la economía muestre síntomas de recuperación, el acceso al crédito estimulará nuevamente el sector”, sentencia Duce, docente Unegocios FEN de la Universidad de Chile.
Finalmente el ejecutivo agregó que “Este escenario es el óptimo al que podemos aspirar como país. Pero, aunque se cumpla, no tendremos el nivel de crecimiento necesario ante necesidades y expectativas de las personas. Esto queda en evidencia si se observa el crecimiento tendencial de la economía: 2,1% para el período 2023-2032”.
Lo que dice el informe Mach 63
El 6,3% que plantea el informe elaborado por la gremial de la construcción se condice con las cifras del 67% de la caída de la inversión en construcción global. Respecto a la inversión pública, el mach 63 señala que engloba la inversión de distintos ministerios y organismos públicos, además de inversión de empresas autónomas del Estado y en concesiones, crecerá un 1,3%.
Los datos de la CChC hablan que la inversión en infraestructura pública sentirá el término del financiamiento Fondo de Emergencia Transitoria (FET) Covid-19 y de un presupuesto del MOP que, al ajustarse por inflación, disminuye 8,5% anual. Los esfuerzos del Estado para mantener altos niveles de inversión mediante programas extraordinarios, no lograrán sostener un régimen expansivo como en los últimos dos años.
Para la inversión en concesiones, el gremio sostiene que se anticipa un aumento del 32%, ayudado por los proyectos Américo Vespucio Oriente II, en Santiago, el Puente Industrial de Biobío y la Ruta de la Fruta. Estos tres proyectos explicarían poco más de 30% del desembolso esperado para el año.
Respecto a la inversión en infraestructura productiva el informe sostiene que disminuirá cerca del 14,3%, con una profundización de la disminución de -32,6% en empresas públicas y -13,2% en privadas, situación ligada al desplazamiento de los cronogramas de inversión en los sectores minero y energético, según estadísticas de la Corporación de Bienes de Capital (CBC). “Temores en torno a una recesión mundial y su impacto en la economía local podrían estar afectando las preferencias de los inversionistas”, indican.
El informe de la CChC respecto a la inversión en vivienda señala que caerá en torno al 6,4%, influido por un retroceso de 4,4% en el sector público y de un 6,9% en el privado.
Para la CChC, la performance esperada en inversión de vivienda pública se relaciona con el ajuste de la inflación, un presupuesto público mancomunado a partidas de inversión en vivienda que indican una variación real de -4,35% anual.
“Una manera de estimular la demanda y, como lo plantea la CChC, es a través de incentivos tributarios o exenciones que pueden ir a la oferta, que el efecto sea precios más atractivos a la demanda y a las personas que estimulen su compra. Recordemos que también este sector se ha visto afectado con el IVA y otras medidas tributarias que han quitado incentivos de inversión, sobre todo, del segmento de pequeños inversionistas del tipo rentistas. Más allá de las medidas, aquí lo más importante es el efecto señal que debe dar el Estado con los incentivos y, con ello, lograr que el sector comience a repuntar ya que es un importante motor para la economía de nuestra país”, afirma el académico de la U. de Chile.
Respecto a las ocho propuestas de CChC para 2023, proponen condiciones ligadas a la seguridad pública y la erradicación de la violencia en sus distintas expresiones como base, tanto para atraer inversiones como para la cohesión social. Estabilidad regulatoria relacionada al cierre de consensos amplios, los debates en curso sobre las reformas constitucional, tributaria (incluyendo el royalty a la minería), previsional y laboral”.
Por otro lado se suma también la necesidad de la modernización del Estado, ya que nuestro país es uno de las naciones de la OCDE, por tanto, presenta altos niveles de complejidad regulatoria. Asimismo, la certeza jurídica para cumplir las reglas y ejecutar sin inconvenientes se debe fortalecer ya que se ha debilitado severamente.
Finalmente, se deben reajustar una serie de factores, como los incentivos tributarios por un plazo mínimo de 10 años que otorguen estabilidad en materia de inversión en Chile; la regulación en la contratación pública que corrija los problemas estructurales del reglamento para contratos de obras públicas que afectan al Estado, a las empresas contratistas y al interés público; trabajar la infraestructura pública a largo plazo transversal al gobierno de turno. Todos aportan al bienestar económico y al desarrollo del país.
Lo que dice el informe Mach 63
El 6,3% que plantea el informe elaborado por la gremial de la construcción se condice con las cifras del 67% de la caída de la inversión en construcción global. Respecto a la inversión pública, el mach 63 señala que engloba la inversión de distintos ministerios y organismos públicos, además de inversión de empresas autónomas del Estado y en concesiones, crecerá un 1,3%.
Los datos de la CChC hablan que la inversión en infraestructura pública sentirá el término del financiamiento Fondo de Emergencia Transitoria (FET) Covid-19 y de un presupuesto del MOP que, al ajustarse por inflación, disminuye 8,5% anual. Los esfuerzos del Estado para mantener altos niveles de inversión mediante programas extraordinarios, no lograrán sostener un régimen expansivo como en los últimos dos años.
Para la inversión en concesiones, el gremio sostiene que se anticipa un aumento del 32%, ayudado por los proyectos Américo Vespucio Oriente II, en Santiago, el Puente Industrial de Biobío y la Ruta de la Fruta. Estos tres proyectos explicarían poco más de 30% del desembolso esperado para el año.
Respecto a la inversión en infraestructura productiva el informe sostiene que disminuirá cerca del 14,3%, con una profundización de la disminución de -32,6% en empresas públicas y -13,2% en privadas, situación ligada al desplazamiento de los cronogramas de inversión en los sectores minero y energético, según estadísticas de la Corporación de Bienes de Capital (CBC). “Temores en torno a una recesión mundial y su impacto en la economía local podrían estar afectando las preferencias de los inversionistas”, indican.
El informe de la CChC respecto a la inversión en vivienda señala que caerá en torno al 6,4%, influido por un retroceso de 4,4% en el sector público y de un 6,9% en el privado.
Para la CChC, la performance esperada en inversión de vivienda pública se relaciona con el ajuste de la inflación, un presupuesto público mancomunado a partidas de inversión en vivienda que indican una variación real de -4,35% anual.
“Una manera de estimular la demanda y, como lo plantea la CChC, es a través de incentivos tributarios o exenciones que pueden ir a la oferta, que el efecto sea precios más atractivos a la demanda y a las personas que estimulen su compra. Recordemos que también este sector se ha visto afectado con el IVA y otras medidas tributarias que han quitado incentivos de inversión, sobre todo, del segmento de pequeños inversionistas del tipo rentistas. Más allá de las medidas, aquí lo más importante es el efecto señal que debe dar el Estado con los incentivos y, con ello, lograr que el sector comience a repuntar ya que es un importante motor para la economía de nuestra país”, afirma el académico de la U. de Chile.
Respecto a las ocho propuestas de CChC para 2023, proponen condiciones ligadas a la seguridad pública y la erradicación de la violencia en sus distintas expresiones como base, tanto para atraer inversiones como para la cohesión social. Estabilidad regulatoria relacionada al cierre de consensos amplios, los debates en curso sobre las reformas constitucional, tributaria (incluyendo el royalty a la minería), previsional y laboral”.
Por otro lado se suma también la necesidad de la modernización del Estado, ya que nuestro país es uno de las naciones de la OCDE, por tanto, presenta altos niveles de complejidad regulatoria. Asimismo, la certeza jurídica para cumplir las reglas y ejecutar sin inconvenientes se debe fortalecer ya que se ha debilitado severamente.
Finalmente, se deben reajustar una serie de factores, como los incentivos tributarios por un plazo mínimo de 10 años que otorguen estabilidad en materia de inversión en Chile; la regulación en la contratación pública que corrija los problemas estructurales del reglamento para contratos de obras públicas que afectan al Estado, a las empresas contratistas y al interés público; trabajar la infraestructura pública a largo plazo transversal al gobierno de turno. Todos aportan al bienestar económico y al desarrollo del país.
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