Tomando en cuenta que el sector transporte contribuye al 23% de las emisiones de CO2 globales y al 39% de emisiones GEI en América Latina, la industria automotriz está impulsando la transición a vehículos eléctricos (EV).
Por: Renato Herrera Lagos
La electromovilidad sigue dado que hablar en un país como Chile, dónde según cifras del un estudio global del IBM Institute for Business Value (IBV), a pesar de que los fabricantes de automóviles, están muy comprometidos con el cambio a EV, las nuevas baterías necesarias para su funcionamiento están creando múltiples desafíos.
Dado los mayores incentivos a la adquisición de la compra de un vehículo eléctrico, se estima que para el 2030, 5.4 millones de vehículos eléctricos estarán en operación en América Latina. Las baterías de EV actuales utilizan principalmente minerales terrestres críticos como el litio, el cobalto y el níquel. Considerando que la adopción de EV continúa en aumento, la escasez de materiales podría convertirse en otro freno para la transición a vehículos de cero emisiones.
Conoce las comunas con menos estacionamientos en edificios residenciales
Respecto a las variables fundamentales en este segmento de la ciudad, una de ellas se relaciona con los edificios que en la actualidad no cuentan con sistemas de carga. Para Constanza González Bravo, abogada experta en Derecho Inmobiliario: hay que considerar algunos aspectos.
“Considerando lo anteriormente expuesto, la instalación de un punto eléctrico en el estacionamiento de visitas viene a causar un detrimento en la sana convivencia de una comunidad, causando un perjuicio en el resto de los comuneros que pudieran requerir el uso de este tipo de estacionamientos, cabe señalar que muchas veces los desarrolladores consideran el mínimo de estacionamientos, lo que muchas veces no es suficiente, generando así una mayor regulación por parte de la administración para su correcto uso”, enfatizó.
Infraestructura de carga y el gran desafío de la electromovilidad
Hablando de las instalaciones y la legalidad en la actualidad, la abogada advierte que “La instalación de un punto eléctrico en un espacio común que no puede ser gravado o arrendado según lo establecido en la Ley de Copropiedad, sólo da cuenta de la precaria regulación que existe al respecto y de lo mucho que nos falta para llegar a tener mejores políticas medioambientales”.
En cuánto a si las comunidades que en la actualidad cuentan con cargadores en estacionamientos de visitas o no, donde el reglamento de ley copropiedad advierte que esto no sería viable, pues serían 4 horas para que residentes carguen sus vehículos, la abogada es pragmática.
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“El reglamento de copropiedad viene a regular normas de convivencia, sin perjuicio de que los comuneros puedan adoptar otras medidas para mejorar esa convivencia, como ocurre actualmente con los estacionamientos de visita. Son muchas las comunidades que han regulado su uso por cantidad de horas, justamente para permitir un correcto uso”.
El mercado de la electromovilidad se ha tomado, incluso la agenda de Gobierno, ya que el propio ministro de Transporte, Juan Carlos García ha desarrollado importantes avances en esta materia, con la llegada de nuevos buses al sistema RED.
Sobre los principales desafíos de la electromovilidad, la ciudad y su legislación, González comenta que “uno de los principales desafíos es la adaptación del entorno, incorporando nuevos espacios que permitan e incentiven el uso de este tipo de vehículos, mientras esto no ocurra los consumidores seguirán sintiendo limitaciones impuestas por el entorno, sin perjuicio del impacto positivo que este tipo de vehículos genera en el medio ambiente”.
Asimismo, la experta en Derecho Inmobiliario, advierte que “es primordial que la normativa flexibiliza la instalación o apertura de puntos eléctricos, generando un mayor número de estaciones eléctricas, ya que actualmente la mayoría se concentra en la región metropolitana y es deber abastecer de estaciones a nivel nacional, seguimos en deuda con el resto de las regiones considerando que Santiago no es Chile”.
En conclusión los diferentes actores involucrados deberían poder generar incentivos de carácter económico y fiscal por parte de la autoridad, para aquellos desarrolladores inmobiliarios que consideren puntos eléctricos en sus proyectos (habitacional/comercial) en espacios adecuados, lo que generaría un aumento regulado y estratégico de puntos eléctricos, logrando mayor infraestructura y permitiendo un mayor acceso para aquellas personas que adquieren este tipo de vehículos, fomentando un cambio cultural y el uso de un transporte con un impacto positivo en el medio ambiente.
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