El ente fiscalizador confirmó dineros irregulares por obras extraordinarias y un contrato por trato directo en compensación por la pandemia. El municipio deberá buscar a los responsables y devolver cerca de $30 millones.
Por: Renato Herrera Lagos
Tras llegar al término de la construcción del edificio de viviendas sociales ubicado en la Rotonda Atenas, la Contraloría de la República informó de una auditoría realizada al proyecto con interesantes sorpresas en cuanto a montos.
El informe señala que la Municipalidad de Las Condes desembolsó el pago de más de $200 millones a la constructora Sudamericana Chile Limitada, vía trato directo.
Asimismo, el documento da cuenta que se desarrollaron reuniones para coordinar y en la administración de obras, como también una cifra de $30 millones por obras extraordinarias. La Contraloría advirtió que esas funciones ya estaban contempladas en el acuerdo original firmado tras la adjudicación del proyecto.
Dicha cifra, deberá ser restituida y la municipalidad determinará a los responsables del otorgamiento (200 millones) por las reuniones de coordinaciones y compensaciones.
Otros antecedentes del proyecto
Cabe destacar que la construcción del proyecto, comenzó su desarrollo en 2020, paralizado por decreto supremo municipal tras la llegada de la pandemia al país.
Fueron 115 días de paralización y el 11 de febrero de 2021, mediante decreto de la alcaldía, fue autorizado por trato directo a la misma empresa, según consta el informe, con la finalidad de “mantención de las reuniones y coordinación de la obra, infraestructura, maquinaria y equipos de terceros que presten soporte directo de la faena”. La cifra asciende a más de $200 millones.
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La Contraloría al revisar la fundamentación del proyecto y ejecutada por la Municipalidad para el ítem trato directo, consideró que dichos trabajos ya formaban parte del contrato principal, bajando lo que indica Chile compra, quienes esgrimen que este tipo de servicios son los que están “relacionados directamente con el objeto principal del contrato suscrito con anterioridad, y que en función de dicha relación, es razonable contratar con el mismo proveedor”.
Las obras extraordinarias cuestionadas
En el contrato adicional ejecutado por vía directa, la Municipalidad de Las Condes agregó obras extraordinarias por un valor de más de $43 millones, relacionadas a la incorporación de equipamiento como uso de grúas, andamios a la maquinaria ya utilizada y ejecución de hormigón armado.
Según las bases administrativas del contrato, obras extraordinarias son “las que surjan de modificaciones al proyecto, ordenadas por la municipalidad que se incorporen o agreguen al proyecto (…), pero cuyas características sean diferentes a las especificadas”. Bajo esa misma línea, la Contraloría General de la República, indica que “no corresponde considerar obras extraordinarias todas aquéllas que hayan estado incluidas en alguno de los antecedentes de la licitación”.
En conocimiento de esto, el ente fiscalizador refutó el aumento de obras y la incorporación de maquinaria, señalando que esos ítems ya estaban considerados en el contrato original y debían correr por parte de la constructora, según las especificaciones técnicas de la licitación.
La entidad edilicia deberá iniciar un procedimiento disciplinario con el fin de determinar responsabilidades administrativas de los involucrados. La información tendrá que ser remitida en 15 días hábiles a la Unidad de Seguimiento de Fiscalía de la CGR.
Asimismo, el municipio contará con 30 días hábiles para acreditar la restitución $30.345.171, monto que corresponde a obras extraordinarias que ya habían sido pagadas al momento de la auditoría.
La pandemia del Covid-19 obligó a tomar medidas extraordinarias ante un escenario de incertidumbre general, derivado de los largos períodos de enclaustramiento. En ese contexto pandémico fue necesario tomar decisiones excepcionales para lograr, por ejemplo, que obras de gran magnitud que estaban en ejecución y que tienen un evidente valor social pudieran seguir desarrollándose.
Entre marzo y mayo del año 2020 la autoridad sanitaria decretó cuarentenas que obligaron a paralizar las obras por un total de 115 días. En ese momento el edificio se encontraba en pleno proceso de construcción y los grandes perjudicados con una demora mayor iban a ser las 85 familias que hoy están recibiendo sus viviendas.
La Municipalidad tiene discrepancias con el planteamiento de Contraloría, las que serán resueltas en las instancias correspondientes.
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