La falta de un hogar sigue siendo un problema persistente de la política mundial, oscilando entre el 2% y el 25% de la población total, según la OCDE.
Por: Leonardo Núñez
La proliferación de campamentos es el rostro más duro del déficit habitacional en Chile. 113.887 hogares viven en esta condición actualmente en distintas regiones del país, según datos de TECHO-Chile junto a Déficit Cero. El problema no solo afecta a los deciles más vulnerables. Acceder a una propiedad también se ha vuelto muy difícil para la clase media.
Ello está vinculado a diversos factores, según informe del Banco Central, como el alza del precio de la vivienda en la última década, que ha crecido cuatro veces por sobre las remuneraciones reales; el encarecimiento en los costos de materiales y suelo, a lo que se suman la escasez de mano de obra en el sector, nuevas normativas que aumentan los costos de construcción, reformas tributarias y restricciones de constructibilidad en algunos instrumentos de planificación.
Las causas del problema y posibles soluciones, no sólo genera intenso debate en nuestro país, sino también más allá de nuestras fronteras. “En Chile nos encontramos frente a una crisis de asequibilidad a la vivienda y no somos los únicos. La falta de un hogar y la precariedad de estos refugios siguen siendo problemas persistentes de la política mundial, oscilando entre el 2% y el 25% de la población total (OCDE, 2015)”, indica un análisis que la Pontificia Universidad Católica publicó en el N°165 de su revista universitaria y que tituló “Déficit habitacional: un fenómeno planetario”.
“La Agenda 2030, impulsada por ONU-Habitat, considera que la vivienda y los asentamientos humanos tienen un papel crucial para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus metas, así como para garantizar el cumplimiento de otros derechos humanos. En este contexto, un hogar adecuado es concebido, más allá del espacio físico, como parte de una visión integral de las ciudades justas e inclusivas y un elemento central para el desarrollo inclusivo y sostenible”, se agrega en el documento.
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Coincidiendo con los datos del Banco Central, se sostiene que un factor que impulsa el aumento del gasto familiar es el costo de la vivienda que, durante las últimas dos décadas, se ha incrementado, especialmente para los arrendatarios. Los precios han aumentado más rápidamente que los ingresos en 31 países de la OCDE, entre 2005 y 2019. Colombia, Canadá e Israel registraron los mayores aumentos (más del 80%). Por otro lado, la OCDE estima que las reformas en el uso del suelo podrían facilitar la recuperación de la construcción de viviendas después del covid-19.
Ignacio Aravena, investigador asociado de la Fundación Piensa, señala que el concepto de déficit habitacional no tiene una definición universal: “En Chile se evalúa mediante una estimación de las viviendas que faltan en la población, mientras que en otros países se mide a través de la carga financiera que representa el pago de arriendos o dividendos, calculada como un porcentaje de los ingresos de la población”.
En esa línea, sostiene que “generalmente, las carencias habitacionales se concentran en zonas metropolitanas, reflejando la situación en Chile, donde entre el 60% y 70% del déficit se concentra en Valparaíso, Santiago y Concepción. Esta tendencia es similar en ciudades metropolitanas globales como Nueva York, Los Ángeles, París y Londres, donde las familias de menores recursos destinan más del 50% de sus ingresos al alquiler de viviendas”.
Este fenómeno se debe a que estas zonas están altamente construidas y reguladas, lo que son indicativos de mercados inelásticos que enfrentan un aumento constante en la demanda habitacional. “Esta demanda es impulsada por diversas fuerzas, incluyendo la migración en busca de empleo, educación y, ocasionalmente, el turismo. Contrariamente, en ciudades más pequeñas, donde suele haber más terreno disponible para construcción y los mercados laborales son menos dinámicos, la demanda habitacional tiende a ser menor”, agrega el investigador.
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Encontrar una respuesta tampoco es fácil. “El déficit habitacional es un desafío global que todavía no tiene solución; más aún, éste persiste principalmente en las familias más vulnerables, incluyendo aquellas de bajo nivel socioeconómico, grupos monoparentales e inmigrantes en situaciones laborales precarias. Por ejemplo, en Estados Unidos, las autoridades de planificación urbana combinan incentivos normativos como permitir más pisos y unidades a cambio de viviendas sociales en zonas bien localizadas- con tributarios para mitigar los impactos económicos de las viviendas sociales, cuyo precio o arriendo generalmente tienen un límite”, ejemplifica Ignacio Aravena.
Además, aunque la vivienda pública sigue siendo una opción popular, se ha observado un creciente interés en las asociaciones público-privadas, permitiendo una gestión más eficiente y económicamente viable sin conflictos de interés en la asignación de unidades.
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“Este panorama contrasta con Chile, donde parecemos avanzar en dirección contraria. Se ha eliminado el Crédito Especial a las Empresas Constructoras (CEEC), un beneficio fundamental para la construcción de viviendas sociales. Además, los incentivos normativos son poco comunes. Incluso, algunos alcaldes en comunas con alto déficit habitacional se resisten a aumentar la densidad, mientras presionan al gobierno por más subsidios. Finalmente, parece que el gobierno ha priorizado el subsidio DS-49 para grupos vulnerables sobre el DS-19, que promueve la integración social. Vale la pena destacar, pues el DS-49 es cada vez menos viable por sí solo sin el CEEC, mientras que sí lo es dentro del DS-19 porque lo subsidia parcialmente”, concluye el investigador.
