El penal se ubicará en la esquina del Club Hípico, en terreno que se había solicitado para construir viviendas sociales. El nuevo recinto penitenciario tendrá un costo de $90 mil millones.
Por Leonardo Nuñez
El anuncio de la construcción de una cárcel de máxima seguridad en la comuna de Santiago, como respuesta del Gobierno a la agudización de la criminalidad en el país, tensionó no sólo al mundo político.
Distintos movimientos de vivienda iniciaron una serie de protestas, luego de que el Ministro de Justicia, Luis Cordero, hiciera oficial que el recinto se ubicará en los predios que se encuentran en la actualidad destinados a Gendarmería, en Avenida Pedro Montt, en la esquina de Club Hípico, como una ampliación del Penal Santiago I.
Según explicaron los representantes de las agrupaciones sociales, la molestia se generó porque dicho terreno se había propuesto para levantar viviendas. Y no convencieron las explicaciones de la autoridad ministerial.
En en la cárcel Santiago I existe una sobrepoblación muy significativa que ha llevado al fisco de Chile a pagar más de $21.000 millones de sobreprecio en el marco de la negociaciones con las concesionaras, que exigen esos pagos en caso de aumento de los reclusos más allá de los contratos.
“Lo recomendable en consecuencia es ampliar dicho establecimiento y en esa ampliación desarrollar el establecimiento de máxima seguridad al cual ha hecho referencia el Presidente de la República la semana pasada”, dijo Cordero, junto con argumentar que se eligió ese lugar a raíz de que es una “zona que se ha ido consolidando como un barrio judicial y un barrio penitenciario”.
La Coordinadora de Comités de Vivienda, con carteles frente al edificio del Ministerio de Justicia, denunciaron que ese predio fue solicitado hace más de un año por la alcaldía de Santiago, con el objetivo de levantar casas de beneficio social. “El pedido nunca tuvo respuesta y hoy vemos que hay negociaciones con las Fuerzas Armadas para instalar la nueva prisión”, lamentó Valeria Bustos, presidenta de la coordinadora.
La “Licitación Recinto Máxima Seguridad como Ampliación Santiago 1”, ubicada en el centro de Santiago, contempla aumentar en 1.600 cupos la capacidad para recibir reclusos, en dos recintos diferentes, detalló la presentación hecha este lunes a parlamentarios en el Ministerio de Justicia.
Uno de 500 plazas, dividido en módulos de máxima y alta seguridad, y 11 bimódulos que entregarían otras 1.100 plazas y permitirían un alto nivel de segmentación penal. La totalidad de la obra tendrá un costo aproximado de $90 mil millones.
Para acelerar el proceso de construcción, se contempla ampliar el Penal Santiago 1 bajo la ley 21.636, que permite que el Ministerio de Justicia pueda proponer a su par de Vivienda modificar los planes reguladores. Esto, invocando que es necesario para la “seguridad nacional, de la seguridad pública interior y, especialmente, para la efectiva protección de la sociedad contra el delito”.
Según explicó el portal ExAnte, la norma contempla que “el Ministerio de Vivienda y Urbanismo solicitará informe a la o las municipalidades respectivas” para avanzar en la elaboración de dichos permisos, que deberán entregarlo en 15 corridos, lo que anticipa que los roces entre el Municipio de Santiago y el Ministerio de Justicia continuarán. El proyecto del gobierno considera, además, realizar modificaciones legales para facilitar el avance la iniciativa.
Desde el mundo técnico, Mauricio Salgado, investigador del Centro de Políticas Públicas, señaló que “es necesaria la construcción de un nuevo penal de alta seguridad”, agregando que el lugar elegido para construirla es el indicado.
“Ubicarlo cerca del Centro de Justicia, de un penal que ya existe, facilita muchísimo su operación en términos logísticos”, señaló. Junto con ello, el especialista recordó que, en la última década, la población penal en régimen de control cerrado (recluidos las 24 horas) a cargo de Gendarmería de Chile se ha incrementado en 29%, pasando de 43.158 reos el 2013 a 59.576 el 30 de junio del presente año.
