Estas modificaciones son altamente solicitadas por diversos actores del rubro de la construcción, que acusan que el exceso de normas retrasa y encarece las obras que buscan materializar.
Por Leonardo Núñez
Con la presentación en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados de los principales ejes del proyecto que moderniza el sistema de planificación territorial del país, partió oficialmente la discusión de esta normativa cuyo objetivo busca mejorar procedimientos, aclarar conceptos y reducir la burocracia de los trámites contemplados en los planes reguladores de los municipios.
Estas modificaciones son altamente solicitadas por diversos actores del rubro de la construcción y el desarrollo inmobiliario, que acusan que el exceso de normas retrasa y encarece los proyectos que buscan materializar.
“Modernizar los procesos de planificación territorial es clave para enfrentar el déficit habitacional y la construcción de mejores barrios y ciudades para las personas. Por eso hemos impulsado una robusta agenda para la agilización de los permisos de construcción, y ahora, con este proyecto de ley, (impulsaremos) medidas para que la tramitación de los planes reguladores sea un proceso moderno, transparente y con plazos claros para todos los actores de la ciudad”, expuso el ministro de la cartera, Carlos Montes, ante la comisión legislativa para explicar la relevancia de la iniciativa.
Con estas modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, el Ejecutivo espera que el cumplimiento de las exigencias de los Planes Reguladores Comunales tengan un máximo de 3 años, aspirando a que el proceso normal sea entre 18 y 24 meses.
“Para eso se mejoran procedimientos, se aclaran conceptos, se reduce burocracia y se unifica el régimen de aprobación, es decir, estos instrumentos serán aprobados por decreto alcaldicio con independencia de si existe o no un Instrumento de Planificación Territorial de nivel Intercomunal”, señalaron desde el Ministerio de la Vivienda.
Asimismo, se propone un acto administrativo de inicio del procedimiento de elaboración o modificación de un Instrumento de Planificación Territorial (IPT) y un plazo máximo para comenzar la etapa de aprobación.
La iniciativa contempla, además, el aumento de los instrumentos de gestión urbana para acelerar los procesos de regeneración o reconversión, y de cambio de normas que permitan que el Estado pueda realizar proyectos de inversión de forma anticipada y estratégica.
Especialistas como Carlos Aguirre, académico de la Universidad San Sebastián y asesor del Consejo de Políticas de Infraestructura, han planteado que medidas como esta se vienen solicitando hace más de una década por actores del industria. En su caso, destaca que el proyecto establezca la implementación de herramientas “como planes maestros de regeneración y habilitación de terrenos, con el objetivo de enfrentar el déficit habitacional existente” y que también se pone énfasis en que los planes reguladores comunales (PLC) tengan condiciones e incentivos.
La iniciativa incluye, además, que el Ministerio de Vivienda capacite a concejales y consejeros regionales y equipos técnicos para que tengan conocimientos técnicos sobre la planificación urbana en los territorios.
