Se estima que unas 3.000 familias se encuentran en el terreno que tiene una extensión de 217 hectáreas.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso el año pasado acogió el año 2023 un recurso de protección por parte de la Inmobiliaria y Constructora San Antonio, la cual ordenaba el desalojo de los terrenos tomados en San Antonio.
Dicha medida fue ratificada por la Corte Suprema, quienes en su fallo indicaron que, “todos los ocupantes deberán abandonar el inmueble, disponiendo de un máximo de seis meses desde que esta sentencia quede ejecutoriada, debiendo retirar del lugar sus enseres y construcciones realizadas en el lugar”.
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Se estima que unas 3.000 familias habitan el sector, que tiene una extensión por sobre las 200 hectáreas, donde los pobladores cuestionan el dictamen por parte del tribunal donde acusan que no se ha logrado avanzar en una solución.
En ese sentido, las consecuencias que pueden llegar a tener los pobladores de la megatoma en San Antonio si no cumplen la decisión del tribunal puede resultar un panorama complejo. Jeanette Bruna, abogada urbanista, señala que, “los demandantes tendrían que pedir la ejecución del fallo ante Tribunales y, atendido que son autoridades públicas las obligadas por el fallo, en caso de no efectuar las acciones necesarias para dar cumplimiento al fallo se enfrentarían a los apercibimientos y posibles sanciones que determine el respectivo tribunal”.
“Los criterios jurisprudenciales de la Corte Suprema han sido claros en esta materia, y no ha existido variación. En esta instancia el análisis está centrado en el proceso de ejecución de las sentencias y su efectividad, representando un verdadero desafío para la Administración Pública”, agrega Bruna.
En tanto, el Notario y profesor de Derecho Civil, Gonzalo Henriquez Encamilla, comenta que el apropiarse de un terreno, “en materia penal la situación podría ser más mucho más compleja para un ocupante ilegal, pudiendo ser considerado como autor de delito de usurpación de inmueble y ser detenido por las policías por un delito flagrante. Además, el juez de garantía podrá decretar el desalojo de la propiedad por los ocupantes ilegales con auxilio de la fuerza pública”.
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Por su parte, los pobladores de la toma de San Antonio llegaron el pasado martes hasta La Moneda para entregar una carta al presidente Boric que señala, “la sentencia de apelación emitida por la Corte Suprema que ordena el desalojo de la mal llamada “Megatoma de San Antonio” que si bien corrige la de Valparaíso, sienta un precedente que cambia la esencia del recurso de protección y significa una vulneración flagrante de derechos constitucionales tan básicos y esenciales como el derecho a un racional y justo procedimiento. El fallo tergiversa el concepto de derecho de propiedad vigente en nuestro Código Civil”.
