El ítem de “legítima defensa privilegiada” que se aprobó en la Ley de Usurpaciones, el gobierno considera que permite la autotutela ante lo cual han decidido vetar el proyecto.
Distintas reacciones ha generado el proyecto de Ley de Usurpaciones, debido a que la Sala del Senado aprobó y despachó la iniciativa que regula las ocupaciones ilegales, estableciendo entre sus ítems la legítima defensa privilegiada, en donde las personas por su propia mano o recursos, o a través de terceros, pueden intentar recuperar su propiedad usurpada sin que se persiga su responsabilidad penal por cualquier desgracia que pueda ocurrir.
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Ese punto es el que ha provocado el malestar del ejecutivo donde la ministra Carolina Tohá, señaló que, “así como está, esto no lo vamos a promulgar. Vamos a vetarlo, porque nuestro Gobierno es responsable”.
El abogado y académico de la Usach, Luis Bobadilla, explica que respecto a las implicancias de esta ley, sostuvo que, “básicamente establece el mismo fondo sancionatorio a quienes usurpan con violencia como a los que usurpan sin violencia, eso en una primera parte. Lo otro es que establece que la flagrancia, es decir, la situación de comisión del delito se mantiene siempre vigente y por lo tanto, se puede perseguir permanentemente”.
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Por su parte, el diputado Miguel Mellado agregó que “no existen usurpaciones violentas o pacíficas. La usurpación siempre es violenta porque te violenta tu derecho a propiedad. Aquí lo que hay que anclar en Chile es el derecho a propiedad y no volver al tiempo de Allende donde estatizar no solo las fábricas, las empresas, sino que también se tomaban los predios de los agricultores. Algo parecido a lo que está pasando ahora con marcajes y toma de predios”.
En tanto, la diputada Ana María Gazmurí, valoró la decisión del gobierno de vetar la ley, debido a que, “esta ley que fue aprobada en el Senado refleja un retroceso civilizatorio. El grave problema que enfrentamos desde las usurpaciones no se soluciona persiguiendo a pobladores de campamentos, ni menos renunciando a que el monopolio de la fuerza lo tenga el Estado. Agradecemos el compromiso del Gobierno de no promulgarla y de que ejerza su derecho a veto”.
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