El objetivo central del proyecto presentado por el Ministerio de Bienes Nacionales es modernizar un sistema que, pese a estar vigente hace casi cinco décadas, ha demostrado ser ineficaz.
Por Leonardo Núñez
La histórica polémica por el acceso restringido a playas en Chile podría comenzar a resolverse con una nueva iniciativa legal (o, al menos, eso es lo que se espera). El Ministerio de Bienes Nacionales presentó en la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados el contenido del proyecto de Ley (boletín 17581) que busca actualizar la normativa vigente para facilitar y garantizar el libre acceso a playas de mar, ríos, lagos y cuerpos de agua, reconocidos como bienes nacionales de uso público.
El objetivo central es modernizar un sistema que, pese a estar vigente hace casi cinco décadas, ha demostrado ser ineficaz. Según datos del ministerio, desde 1977 solo se han fijado 76 accesos legales a playas en todo el país.
Durante años, miles de personas han denunciado la obstrucción del acceso a playas por parte de propietarios privados, quienes instalan portones, cercos o simplemente bloquean el paso, muchas veces en sectores de alto valor turístico. Actualmente, la normativa establece que el procedimiento para abrir un acceso comienza con una denuncia, lo cual puede tardar años en resolverse y no otorga atribuciones claras al Estado para garantizar el paso, ni siquiera con apoyo de la fuerza pública.
El nuevo proyecto propone un cambio sustantivo: se busca modificar el artículo 13 del DL 1.939 de 1977, para establecer procedimientos más claros, plazos definidos y sanciones efectivas contra quienes impidan el acceso.
Entre los principales puntos del proyecto de ley destacan: Incorporar a todos los cuerpos de agua como bienes nacionales de uso público susceptibles de fijación de acceso (mar, ríos, lagos naturales o artificiales).
Reconocer fines legítimos de acceso como la pesca, recreación, deporte e investigación científica. Otorgar a los Juzgados de Policía Local la competencia para ordenar la reapertura de accesos cerrados u obstaculizados.
Establecer que los propietarios colindantes deben facilitar el acceso gratuito, cuando no existan otras vías públicas. Permitir que el Delegado Presidencial Regional fije los accesos, con audiencia a propietarios. Si no hay acuerdo, podrá determinar el paso prudencialmente.
Aplicar multas entre 10 y 100 UTM (cerca de $690 mil a $7 millones) a quienes incumplan la ley, duplicándose en caso de reincidencia.Además, la fiscalización estará a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales, que definirá los trazados y condiciones técnicas de los accesos.
Si bien los diputados y diputadas valoraron la iniciativa, varios plantearon la necesidad de ampliar su alcance a otras situaciones comunes en el país. Entre ellas, el acceso a tranques o cursos de agua con derechos mineros, caminos públicos en zonas precordilleranas, y servidumbres de paso en terrenos rurales. También solicitaron que las multas se destinen a los municipios y no al fisco, de modo que beneficien directamente a las comunidades afectadas.
La fijación de accesos libres a las playas es un tema recurrente en Chile, especialmente durante el verano, cuando se reavivan los conflictos entre veraneantes y propietarios. Pese a que la Constitución reconoce el carácter público del borde costero y cuerpos de agua, la falta de mecanismos eficaces ha generado una sensación de “privatización de facto”, particularmente en sectores turísticos.
Este proyecto, aún en estudio, representa el intento más ambicioso en décadas por zanjar esta tensión histórica entre propiedad privada y acceso público. De aprobarse, podría convertirse en una herramienta clave para democratizar el uso de las playas, haciendo efectivo un derecho que hasta ahora ha sido más declarativo que real.
