Estudio académico concluyó que la política para evitar el alza de los alquileres ha provocado una reducción de la oferta de viviendas y ha contribuido al deterioro de los inmuebles.
Por Leonardo Núñez
La crisis de acceso a la vivienda está generando tensiones en distintas naciones, sin importar su nivel de riqueza. El caso de España es uno de los más llamativos. Un reciente estudio de la Universidad de las Hespérides en España expone con crudeza la magnitud del problema en ese país europeo, lo que también puede dejar lecciones para Chile.
Según el informe, España acumula un déficit de 423.000 viviendas nuevas en la última década, una cifra que responde principalmente a trabas administrativas, largos tiempos en la calificación de suelo y escasez de mano de obra calificada en el sector de la construcción.
Estas dificultades han contribuido directamente al aumento sostenido del precio de la vivienda, que ha subido un 53% desde 2013, mientras que los arriendos han crecido entre 7% y 8% anual desde 2015.
El impacto de esta alza ha sido demoledor para los hogares españoles: el 39,4% de los arrendatarios destina más del 40% de sus ingresos al pago del arriendo, lo que posiciona a España como el país de la Unión Europea donde los inquilinos hacen el mayor esfuerzo económico para acceder a una vivienda.
Uno de los puntos más controvertidos del estudio es su análisis sobre las políticas de control de precios del arriendo, como las aplicadas en Barcelona. Según los académicos, estas medidas han provocado una reducción del 15% en la oferta de viviendas disponibles para arrendar y han contribuido al deterioro de los inmuebles existentes.
“El control de alquileres puede tener efectos adversos: reduce la oferta, empeora la calidad del parque habitacional y termina dificultando aún más el acceso a la vivienda para los sectores más vulnerables”, concluyen los expertos de la Universidad de las Hespérides.
Aunque el alquiler turístico ha sido señalado como culpable del alza de precios en zonas costeras, el estudio indica que representa solo el 1,5% del mercado inmobiliario español, y no tiene un efecto estructural relevante en los precios a nivel nacional.
Paralelismos con Chile
Si bien el contexto de España y Chile presenta diferencias estructurales, ambos países comparten un patrón preocupante de acceso limitado a la vivienda y una alta proporción de arriendos informales o sin regulación clara.
En Chile, el aumento del precio del suelo urbano, la escasez de subsidios habitacionales efectivos, y una política pública que no ha logrado generar suficiente vivienda social, han generado una expansión sostenida de campamentos y hacinamiento urbano, según diversos informes de organizaciones como Techo y el Ministerio de Vivienda.
Además, la creciente presión migratoria y la precarización del empleo han profundizado el fenómeno de la vivienda irregular, mientras las soluciones de fondo se ven ralentizadas por trámites burocráticos, falta de coordinación institucional y una industria de la construcción con problemas similares a los españoles: déficit de mano de obra calificada, alzas de los tasas de los créditos hipotecarios y envejecimiento de la fuerza laboral.
El estudio español entrega recomendaciones que podrían ser valiosas para Chile y otros países que enfrentan esta crisis. Entre ellas destacan:
–Seguridad jurídica y certidumbre regulatoria, que incentive la inversión privada responsable en arriendos.
–Simplificación de trámites urbanísticos, reduciendo los tiempos de aprobación para nuevos proyectos habitacionales.
–Programas de formación técnica en construcción, que permitan renovar la fuerza laboral del rubro.
–Rehabilitación de viviendas existentes, aprovechando fondos públicos y beneficios fiscales para aumentar rápidamente la oferta habitable.
–Enfoques territoriales diferenciados, adaptando las políticas a las realidades específicas de cada región y evitando soluciones homogéneas.
