Por: Israel Garrido, Ingeniero Civil en Estructuras, Universidad de Chile y Jefe de la División de Inspección de Obras del IDIEM.
La crisis que ha golpeado al sector inmobiliario en Chile ha impulsado un cambio significativo en la dinámica de la construcción. Ante el desafío de mitigar un déficit habitacional de proporciones considerables, las empresas constructoras se están volcando hacia proyectos de viviendas sociales financiados por el Estado.
Este cambio de enfoque, si bien responde a una necesidad urgente de la sociedad, no está exento de retos y transformaciones. Expertos del Instituto de Investigación y Desarrollo en Ingeniería para la Construcción (Idiem) explican que esta migración hacia el sector público impone nuevas y mayores exigencias en la inspección técnica de las obras.
Es crucial comprender que las viviendas sociales, en este contexto, no son simplemente estructuras habitacionales básicas. Son parte de un programa de integración social y territorial, con estándares de calidad equiparables a las del sector privado. Sin embargo, esta transición requiere un ajuste tanto técnico como administrativo por parte de las empresas constructoras.
Desde el punto de vista técnico, el acompañamiento durante todo el proceso de construcción es fundamental para garantizar el cumplimiento de las especificaciones del proyecto. Funcionarios públicos desempeñan un papel crucial en esta tarea, supervisando la ejecución de las obras y asegurando su conformidad con los estándares establecidos.
El compromiso del Gobierno actual de entregar 260 mil viviendas sociales es loable, pero este objetivo no puede lograrse sin la participación activa del sector privado. Es por ello que muchas empresas constructoras están respondiendo a este llamado, reconociendo en la vivienda social una oportunidad para mantener su actividad en un momento de crisis.
Empero, esta migración no está exenta de desafíos. La adaptación a las nuevas exigencias del sector público requiere tiempo y recursos. Multas por incumplimiento y la complejidad de los procesos pueden desalentar a algunas empresas a dar el paso. Además, para las inmobiliarias, acostumbradas a un contexto diferente, la transición puede resultar aún más complicada.
La crisis del sector de la construcción en Chile en los últimos años, ha significado una disminución significativa en la inversión y un aumento en el stock de viviendas disponibles en el mercado privado. Ante este panorama, la migración hacia proyectos de vivienda social representa no solo una oportunidad para el sector privado, sino también una necesidad imperiosa para abordar el déficit habitacional en el país.
En conclusión, la migración de empresas constructoras hacia el sector público marca el inicio de una nueva era en la construcción en Chile. Si bien presenta desafíos, también ofrece oportunidades para contribuir de manera significativa a la solución de un problema social crucial. Es responsabilidad de todos los actores involucrados trabajar juntos para garantizar el éxito de esta transición y asegurar un futuro habitacional más justo y equitativo para todos los chilenos.
