Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios COHLERS + Partners
Últimos estudios de diversos actores y noticias de estos tiempos, han evidenciado un contraste notable entre las políticas de crédito de los bancos hacia el sector inmobiliario y las expectativas de los desarrolladores de esta actividad, viéndose así, enfrentada la comunidad inmobiliaria a desafíos crecientes.
Así pues, se ha ido marcando una notoria tendencia que los bancos informen sobre condiciones más estrictas para la aprobación de créditos a personas naturales, inmobiliarias y constructoras, destacando un incremento significativo en los estándares de exigencia, así como el requerimiento de cumplimientos específicos más elevados de ventas previas (en blanco y/o en verde) de sus proyectos.
Según informó la Encuesta sobre Créditos Bancarios del Banco Central de Chile, casi el 50% de los bancos han endurecido sus condiciones para otorgar créditos a inmobiliarias, marcando el cierre de un año 2023 con tendencias crecientemente restrictivas al respecto.
Lamentablemente, estas medidas no sólo afectan a las empresas inmobiliarias, sino también, a las constructoras con un 40 % de los bancos reportando estándares de otorgamiento más restrictivos hacia ellas; dificultando de esta forma, el desarrollo de nuevas obras y reflejándose en una disminución del volumen de inversión.
A lo anterior se suma que conforme a un reciente estudio, el déficit de viviendas sociales a nivel nacional en el año 2023 fue del 50,92%, y que para el año 2025 rondaría en torno a los 750.000 unidades, la realidad no se ve muy auspiciosa para esta actividad (construcción e inmobiliarias), que tradicionalmente suele reconocerse como el “motor y termómetro” de la economía.
No cabe duda alguna que este contraste entre la práctica bancaria y la falta de sentido de urgencia, así como la adopción de medidas reales de incentivo, apoyo y fomento en la industria inmobiliaria y de la construcción, por parte de las autoridades del ramo, plantean preguntas importantes sobre el equilibrio entre la prudencia financiera y el fomento del desarrollo inmobiliario, así como un real desconocimiento, o lo que es peor de apatía, por las necesidades del rubro y la actividad económica.
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