La incertidumbre jurídica puede actuar como un importante obstáculo para la inversión en un país o región. Cuando los inversores no tienen claridad sobre las leyes y regulaciones que rigen sus operaciones, se encuentran con un riesgo significativo que puede disuadirlos de invertir.
Esta incertidumbre jurídica puede surgir de varios factores, incluyendo cambios frecuentes en las leyes y regulaciones, falta de aplicación coherente de las leyes existentes y sistemas judiciales ineficaces o corruptos. Estos problemas pueden hacer que los inversores se sientan inseguros sobre sus derechos y protecciones legales, lo que a su vez, puede llevar a una reducción de la inversión.
Para abordar la incertidumbre jurídica y fomentar la inversión, los gobiernos y las autoridades reguladoras, deben priorizar la claridad y consistencia en la formulación y aplicación de leyes y regulaciones. Esto puede implicar la adopción de medidas para fortalecer el Estado de derecho, mejorar la transparencia y la predictibilidad del sistema legal, así como, combatir la corrupción en el sistema judicial.
Al abordar la incertidumbre jurídica, los gobiernos pueden ayudar a crear un entorno más favorable para la inversión, lo que a su vez, puede contribuir al crecimiento económico y al desarrollo sostenible.
Ahora, para ser justos, en las últimas décadas los principales pilares de la economía local, se han debilitado y no ha logrado reponerse por muchos más motivos que sólo por las incertezas jurídicas.
Hace prácticamente 14 años que el crecimiento de Chile se desaceleró y desde 2013 que Chile, ya no crece al mismo ritmo que décadas pasadas. Pese al impulso experimentado tras la pandemia, el 2023 cerró con una escueta alza de 0,2 % del PIB, por lo que hacer el mea culpa en cuánto a la baja en la inversión y la pérdida de productividad, es fundamental para poder tener mayores herramientas para salir de este círculo vicioso.
Y es que la inversión inmobiliaria, no sólo desde la perspectiva del inversionista hormiga, sino que desde las inmobiliarias ya no logra comprar o levantar proyectos, puesto que no alcanza el financiamiento que la banca está exigiendo.
Igualmente pasa por con las exigencias crediticias a las personas, hoy son muchos más requisitos, por lo que ni el inversionista ni el comprador están logrando llegar. Por su parte las inmobiliarias se han visto obligadas a salir a levantar recursos por otras vías, establecer nuevos y novedosos tipos de inversionista, o incluso, contemplar recursos propios para llegar al 30 o 40% que no será financiado por el banco.
Finalmente va empalmada la incertidumbre jurídicas con la inversión, y son todas estas trabas que han ido manifestando año tras año, la necesidad de generar nuevas estratégias para que la deuda privada salga a jugar un rol más activo que sea capaz de reactivar e incentivar más inversión.
