Por: Eduardo Ricci Burgos, abogado de Negocios Cohlers+Partners.
Poco se ha valorado el contar con un sistema de gestión de cumplimiento (compliance) en el rubro, pero con la próxima entrada en vigencia de la Ley de Delitos Económicos, se volverá esencial por varias razones claves y no sólo porque la Ley 19.913 en su artículo 3°, obliga informar operaciones sospechosas a los corredores de propiedades y las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria.
Así, también se señala para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y para asegurar que las operaciones inmobiliarias cumplan con todas las leyes y regulaciones locales, nacionales e internacionales. Esto incluye normativas fiscales, ambientales, de zonificación y de construcción, que permitirá el desarrollo adecuado de la empresa dentro de su entorno.
Adicionalmente, contar con este sistema permite en gran medida minimizar riesgos legales y financieros para la empresa asociados con incumplimientos normativos, con severas sanciones civiles, administrativas y penales, por no cumplir con la normativa que pueden incluir multas, comiso de especies y del beneficio económico resultante del delito, revocaciones de permisos, cierre de proyectos, demandas judiciales, penas de cárcel para sus ejecutivos infractores y la revocación de la personalidad jurídica.
En materia reputacional es igualmente importante, pues permite mantener un historial de cumplimiento así como puede mejorar la imagen corporativa de la empresa en el mercado, generando confianza entre clientes, inversores y socios comerciales, lo que significa incluso, un elemento diferenciador y una ventaja comparativa con sus competidores.
Un sistema de gestión de cumplimiento bien diseñado ayuda, asimismo, a identificar y resolver riesgos y problemas potenciales antes de que se conviertan en conflictos mayores, optimizando procesos y reduciendo costos operativos a largo plazo; como también, garantiza que las prácticas empresariales sean sostenibles y responsables, con el fin de que contribuyan positivamente al entorno social y ambiental. Esto puede incluir la gestión adecuada de residuos, la eficiencia energética y la consideración de impactos sociales en las comunidades.
Por último, este sistema también permite la implementación de políticas y procedimientos, que incentivan y fomentan una cultura de mejora continua y de adaptación a cambios normativos, tecnológicos y del mercado, tan necesarios en este negocio, con lo que adicionalmente se facilita la auditoría interna y externa, para proporcionar transparencia en las operaciones y asegurar que todas las actividades sean registradas y revisadas.
