Por: Carmen Paz Muñoz; Directora de Ingeniería en Construcción de la Universidad Andrés Bello, Mg. en Dirección y administración de proyectos inmobiliarios, y especialista en tecnología del hormigón.
Al recorrer nuestras ciudades se revela la informalidad que caracteriza las ampliaciones en las viviendas. Esto es indicativo de un sistema carente de fiscalización y de una baja valorización de la autoridad y respeto hacia el entorno.
Este fenómeno refleja la necesidad de fortalecer mecanismos de control y concientización sobre la importancia de un desarrollo urbano planificado. Abordar este tema no solo implica un cambio cultural, sino también una revisión profunda de las políticas de fiscalización y un énfasis en la educación ciudadana.
La problemática asociada a las ampliaciones se agrava al ver que muchas de ellas se inician sin autorización municipal y/o la consulta a un arquitecto. El problema cobra fuerza cuando las familias deciden vender sus propiedades, y enfrentan la imposibilidad de formalizar la transacción.
Lamentablemente, es común que las personas asuman que al ser propietarios, tienen la libertad de construir, ampliar o incluso demoler parcial o totalmente sus viviendas sin tener en cuenta el impacto en el entorno.
Esta percepción no sólo afecta a los vecinos, sino también a los propios dueños, ya que frecuentemente esto se lleva a cabo sin considerar aspectos fundamentales como son las cargas de uso, la ocupación de suelo, la resistencia al fuego, los deslindes y otros aspectos relevantes.
En síntesis, esta falta de atención a las normativas y estándares de construcción compromete la calidad y seguridad de las viviendas, además de generar conflictos de convivencia dentro de los barrios.
Hoy tenemos en el sistema universitario clínicas de salud o jurídicas que apoyan a quienes no tienen los recursos para acceder a prestaciones en estas áreas. La implementación de clínicas de arquitectura asequibles podría ser la clave para abordar la brecha en la ampliación y formalización de viviendas, proporcionando a la comunidad herramientas para mejorar sus residencias de manera formal, informada, sostenible y segura.
El avance hacia el acceso a viviendas dignas no se debe limitar únicamente a la adquisición de la vivienda en sí, sino que se debe vincular con la posibilidad de habitar un ambiente funcional y seguro, en un entorno que ofrezca acceso a servicios y equipamiento esenciales.
Para alcanzar este objetivo, es imperativo impulsar una educación cívica que promueva la comprensión de que el entorno merece y debe ser regulado para el beneficio de cada individuo y de la sociedad en su conjunto.
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