En el marco de los nuevos cambios que estamos enfrentando como país, los desafíos correspondientes a políticas patrimoniales, también significan posibles oportunidades de mejoras, por lo que debemos suponer, importantes esfuerzos en la comunión del sector público en conjunto con el privado, para alcanzar novedosas rutas en la industria inmobiliaria en lo que respecta a temáticas de conservación.
De lo mencionado arriba, se abren interrogantes y expectativas correspondientes a cómo este proceso debería replantearse y encontrar lógicas institucionales que tengan especial cuidado en evitar cambios que desincentiven la inversión local, pero que también, velen por el desarrollo de la modernización, con el fin de que comulguen la conservación de inmuebles, sectores, barrios y ecosistemas, de cara al dinamismo inmobiliario, permitiendo que se siga impulsando el sector de la construcción.
¿Debemos entonces, reconsiderar cómo se han articulado las institucionalidades a cargo de dicha conservación? Como antecedente, hay que reparar en que las inmobiliarias al levantar proyectos lo hacen bajo el alero regulador, posibilitando intervenir inmuebles que son declarados patrimonio cultural o construir a sus alrededores, solo si se cumple con las normativas, los Planos Reguladores y la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales.
Por lo mismo, si bien el patrimonio cultural está en la Ley de Bases de Medio Ambiente a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, su apartado puede ser algo superficial al estar supeditado a la Ley de Monumentos Nacionales. Lo mismo pasa en relación a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, que en su artículo 60 aborda solamente lo referente al patrimonio Cultural inmueble que resguarda Zonas de Conservación Histórica.
Con este panorama, quizás la pregunta sería ¿cómo será la revisión y actualización de las normas vigentes en la Ley 17.288 (1970)?, porque a la fecha y ad portas del Plebiscito Constitucional de Salida, no hay ninguna señal de querer replantear estas responsabilidades. Por otra parte, debemos ser conscientes que a pesar de las taxonomías convencionales, el patrimonio es un fenómeno que debe repensarse de manera integrada, por lo que una nueva Ley del Patrimonio se vuelve más compleja ante la apuesta de hacerla inclusiva y participativa, por lo que se siguen instalando más dudas que respuestas.
En definitiva, necesitamos diálogos transversales para lograr que la inversión inmobiliaria continúe siendo un motor económico, por cierto, con más consciencia tanto en lo identitario y cultural, como en lo medioambiental, sobre todo en lo alusivo a aquello que por su valor histórico constituye un patrimonio para la humanidad.
Asimismo, necesitamos considerar y conducir a modelos donde las ciudades, además de más sustentable y bien conservadas, tanto en regiones como en la capital, sean más atractivas y amables para que puedan ofrecer una mejor calidad de vida a sus habitantes y conviva lo existente con lo nuevo, en conjunto con las expectativas de crecimiento.
Son desafíos complejos, sin duda, y solo queda la espera de ir observando cómo se desarrollará la nueva Carta Magna que ya va dejando atrás su matiz de borrador. Confiemos entonces que en la mesa de diálogo para reformular los nuevos límites reguladores esté uno de los grandes sectores de producción, que ha aportado al crecimiento económico del país, no solo en lo cuantitativamente expresado en m2, sino también en cuánto a la tracción de inversión extranjera y en la generación de empleo, permitiendo la posibilidad de aquilatar la sanidad económica de Chile en épocas complejas como lo ha sido la pandemia y la inflación.
