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15 enero, 2024 /

Cocreando contra la narcocultura para la recuperación de los territorios

Enero ha tenido una agenda movida en diferentes ámbitos, sobre todo, en cuánto a seguridad, probidad, transparencia y cuentas pendientes en lo habitacional. Por lo que es interesante como comienza a gestarse una lógica donde convergen mínimos comunes.

Y aunque fue a principios de 2023, cuando comenzó a impulsarse las iniciativas de proyectos que autorizaba a alcaldes a demoler casas narcos por motivos de seguridad pública, hoy iniciando 2024, el manifiesto se traduce en la posibilidad concreta de transferir estas propiedades al Estado, con el fin último de recuperar o transformarlas a espacios públicos comunales. 

Al menos así lo ha materializado el subsecretario Eduardo Vergara en el protocolo entregado al Fiscal Nacional, que pese a que hasta la fecha, la destinación de bienes inmuebles a los municipios es provisoria y debe ser solicitada por un fiscal en aras de la lucha directa o indirecta, contra las materias relacionadas a la ley 20.000, es un gran click start. 

No debemos olvidar que también es una iniciativa impulsada por varios alcaldes bajo la esperanza de que estos sitios mal utilizados, puedan ser recuperados para los vecinos y se transformen en espacios públicos de valor agregado a nivel comunal, como lo serían los servicios de apoyo a mujeres en situación de violencia, las salas cunas públicas, plazas y caniles en poblaciones, entre otras posibilidades. 

Por lo que si bien, el impacto de suscitar acciones mancomunadas entre la Fiscalía, el Gobierno Central y las policías, es enorme en cuánto a dar señales claras respecto a la lucha contra la delincuencia para lograr revertir el panorama y generar capital territorial, no podemos dejar de cuestionarnos sobre los tiempos en los procesos judiciales; sobre cómo se observarán y fiscalizarán que estos espacios sí se conviertan en un bien para todos; y sobre quién se hará cargo de que estas células no se muden a otras casas-narco. 

Nos lo preguntamos en el marco de la crisis de seguridad que estamos viviendo hace ya un tiempo prolongado en Chile y, también, frente a las faltas de acciones a corto plazo en lo referente a políticas migratorias, pero sobre todo, por lo ocurrido en Ecuador, ya que nadie puede quedarse impávido con la situación cercana de “conflicto armado interno”. Por lo que hay que seguir observando, empujando y determinando fórmulas que sean efectivas y rápidas, contra la cultura del miedo de la narcocultura. 

¿Vamos en la vía correcta? Por lo menos se advierte una ruta con miras a un bien común con estas medidas, donde se vislumbran objetivos sociales que requieren soluciones urgentes, para darle mayor calidad de vida a la comunidad, pero donde esperamos también, seamos capaces de mermar no sólo el crecimiento acelerado de la delincuencia, sino también, encontrar reparación a por ejemplo: el déficit habitacional o a la falta de planificación urbana real en comunas con menos presupuestos. 

Por lo que la invitación es a seguir cocreando contra la narcocultura para la recuperación de los territorios, pero igualmente, a seguir generando acciones que fortalezcan la transparencia en cuánto a los recursos públicos.

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